Bellaquerías

Lo primero: la extrañísima estructura del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya firmado en Bruselas. Es un acuerdo que tiene como prioridad especificar el desacuerdo entre ambas fuerzas. En una columna el PSOE dice lo que le gustaría que se hiciera. En la otra JxC detalla lo que va a hacer. Los socialistas no dicen que no. Los junteros explican que va a ser que sí. Quizás peor que el acuerdo mismo sea la voluntad de presentarlo como un golpe de Estado o los esfuerzos para describirlo como un pacto común y corriente o, incluso, como el cepo constitucional donde ha caído la raposa de Puigdemont, como avanza con un descaro extraordinario un subdirector de La Vanguardia. Es indescriptible que se insista en la coartada del Gobierno progresista para firmar con Puchi. Un Gobierno que firma con Puchi, sencillamente, no es un gobierno progresista, sino un presidente del Gobierno que necesita de siete votos para ser investido de nuevo presidente. Aquí, en Canarias, ni un gramo de análisis propio, solo repartir las consignas de Ferraz como cacatúas macaronésicas. Ahí salta entusiásticamente Nira Fierro para celebrar otros cuatro años de progreso aunque en ese mismo momento el líder de JxC insista en que nada de pacto de legislatura, que el cumplimiento del acuerdo se analizará mes a mes, día a día, y si no se cumple, se acabó. Da igual: se trata de desmentir a la realidad con una insistencia perruna. Aparece otro, Ángel Víctor Torres, lo ven ustedes, España no se rompe, se acabó la unilateralidad de los independentistas, los mismos independentistas que proclaman una y otra vez que no renuncian a la unilateralidad, y que exigen en el documento que se celebre un referéndum de autodeterminación con un mediador internacional. Es sencillamente falso que este referéndum quede atado a la Constitución. En efecto, en el artículo 92 de la Carta Magna se establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos» y no convienen lecturas interesadas. Porque se trata de referéndums consultivos, no vinculantes, y porque el artículo de marras se refiere a todos los ciudadanos españoles, no exclusivamente a los de una comunidad autonómica. ¿Y cómo puede tolerar un Estado democrático –miembro de la Unión Europea– aceptar la mediación de un agente extranjero?

La amnistía se expande a los límites que decida JxC. Si hay que amnistiar a Wilfredo el Velloso (perdón, Guifré el Pilós) se le amnistía también. ¿Y por qué no comisiones parlamentarias para analizar casos de lawfare en España, esa monarquía bananera, y meter a jueces fachas, o españolistas o simplemente díscolos en cintura? A Sánchez y a sus cuates les importa un rábano que todas las asociaciones de jueces y magistrados, progresistas y conservadoras, hayan emitido ayer un comunicado lleno de alarmas porque esa vomitada juntista, si se materializa, significaría «una evidente intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes». Pues bien, como diría el mismísimo Puchi, ¿no es el comunicado una prueba suficiente del españolismo, el facherío y el talante cloacal de los jueces carpetovetónicos, sean de izquierdas o de derechas? Como tercer elemento principal está el económico-financiero: la administración autonómica catalana se quedará con el 100% de los tributos recaudados en su territorio. Puchi y sus compinches demandan y consiguen un cupo catalán a imitación del sabrosón cupo vasco. Lógicamente el Gobierno central que quiere seguir presidiendo Sánchez no tiene que comunicar nada de esto al Consejo de Política Fiscal y Financiera ni debatirlo y aprobarlo en las Cortes. Las Cortes, como diría Puchi, representan un residuo franquista, las catacumbas de la democracia, un enemigo más de Cataluña en su camino a la libertad.

Hay que estar chiflado, chiflado por el poder, para meterse en esta operación pactista y pactatera que tensionará las relaciones políticas, partidistas e institucionales, envenenará aún más un espacio público cada vez más tóxico, maltrata principios constitucionales. Hay que ser estúpido para creerse que le has comprado tiempo a Puchi: el PSOE ha pagado solo las horas que restan para la investidura y ni un minuto más. Hay que sospechar de las convicciones democráticas de los que gritan que antes que un gobierno del PP y Vox cualquier cosa. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Meses, años, décadas trasmitiendo a la mitad de los electores del país que se callen y a la cama sin cenar?

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