España debería derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y "recuperar" la independencia de RTVE como medidas indispensables para reforzar la libertad de expresión en el país, según un informe promovido por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) y suscrito por otras tres organizaciones profesionales del mundo de la información.
El informe, que acaba de ser hecho público en Viena, es el resultado de una misión conjunta llevada a cabo en Madrid por miembros al más alto nivel del referido IPI, del Comité para la Protección de los Periodistas, de la Federación Europea de Periodistas y de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión. Representantes de estas cuatro organizaciones se reunieron en junio en Madrid con miembros de losprincipales partidos políticos españoles, a quienes pidieron que, de ser elegidos, tras las elecciones generales del próximo 20-D acometan cambios que conjuren "peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público", en alusión, sobre todo, a la referida Ley de Seguridad Ciudadana.
Pero las recomendaciones del informe van más allá de esa ley. Piden también, por ejemplo, implementar la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejorar la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisar que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del efecto disuasorio que pueda tener en la libertad de expresión.
La misión muestra su "sorpresa" por la "brecha" que constata entre la visión que sobre la realidad de la salud de la información en España tiene los representantes del PP y la del resto de partidos, asociaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.
Una brecha que ejemplifican en la decisión del Gobierno de modificar, reduciéndola, la mayoría necesaria para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE o la aplicación de sanciones administrativas, en vez de penales, al amparo de la Ley de Seguridad Pública.
Respecto a la RTVE, la discrepancia la materializa en el hecho de que los populares achacan la crisis del ente a razones económicas mientras la oposición la atribuye a la "pérdida de imparcialidad y credibilidad".
La máxima responsable de la misión y miembro de la Junta Ejecutiva del IPI, Martha Steffens, valoró muy positivamente el compromiso de la oposición de realizar los cambios propuestos. Para Steffens, "las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares de cualquier sociedad democrática, y los partidos de todas las tendencias deberían implicarse en la protección de estos derechos".
