El curso que han comenzado entre el pasado jueves y ayer viernes unos 308.161 escolares en Canarias, 3.062 menos que el pasado año, tiene en el horizonte la completa implantación de la Lomce. Una normativa impulsada por el Gobierno del PP con un decreto publicado el 29 de agosto y un Ejecutivo en funciones, que no satisface ni a la comunidad educativa ni tampoco es de la simpatía del conjunto del Estado. Aunque no será hasta junio de 2018 cuando se exigirá aprobar las llamadas reválidas o evaluaciones externas, lo si está en la hoja de ruta del nuevo curso es que habrán de pasar por ellas los alumnos que concluyan la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, los niveles de 4º y 2º respectivamente.

La incertidumbre manda en la vuelta a las aulas con un gobierno en funciones y las voces críticas en contra de la aplicación de la Lomce, tal como ocurre en Canarias. En el Archipiélago, está por ver cómo encaja este segundo tiro de la Lomce tras la decisión del Gobierno regional, a propuesta de la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, que establece las citadas pruebas de las evaluaciones finales de la ESO y Bachillerato.

Al igual que se hiciera con las reválidas de 3º y 6º de Primaria, desde Canarias se entiende que el del Estado ha incurrido en nulidad radical o de pleno derecho en dicha norma, a la vez que se crea una situación de indefensión al haberse obviado cualquier negociación previa, así como la conveniencia de su aplicación.

Una norma que desde su gestación y aplicación ha estado rodeada de polémica, y que lejos de ser una necesidad que demanda la comunidad educativa, desde Canarias se entiende como una "decisión política" que no encuentra justificación. Junto a las Islas, otras doce regiones han plantado cara a la obligatoriedad de asumir las nuevas directrices de la Lomce.

Y desde el Ministerio de Educación, con un Iñigo Méndez de Vigo en funciones, se insiste en el mismo mensaje, tal como recordaba el propio Méndez de Vigo días atrás en vísperas del comienzo del curso: "con toda tranquilidad las (reválidas) las vamos a hacer, aunque este año no tienen efectos académicos y permitirán ver que podemos cambiar y mejorar".

De momento y mientras las aulas vuelven a la actividad, Canarias ya trabaja en una reválida para segundo de Bachillerato similar a la PAU, para que "afecte lo menos posible al alumno", tal como manifestó esta misma semana la consejera de Educación, Soledad Monzón.