Las carencias sociosanitarias lastran la ayuda a la dependencia

La falta de recursos sociosanitarios se ha convertido en un factor que lastra en Canarias la aplicación de la Ley de Dependencia, una normativa que entró en vigor hace una década y ha estado sometida a diferentes altibajos de finaciación vinculados a los recortes que impuso la crisis. Así, esta carencia es una de las razones que explican la gran diferencia que existe entre los 29.781 dependientes que a finales de abril tenían reconocido en Canarias un derecho a prestación y los 16.917 que figuran como beneficiarios efectivos.

La consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido, específicó diferentes razones que explican este desfase de 12.864 personas entre quienes tienen reconocido un grado de dependencia y los que reciben ya algún tipo de prestación acorde a ese reconocimiento. Así, se da el caso de personas a la espera de plaza en algún recurso sociosanitario, como los centros de día. Pero no es el único motivo, también se registran desistimientos por parte de quienes no están de acuerdo con el recurso o la ayuda asignada por el personal que ha valorado su grado de dependencia y ha decidido su programa de atención.

En este estado de cosas, las carencias sociosanitarias del Archipiélago entorpecen la exitosa aplicación de una ley planteada como una normativa de servicios que prioriza el acceso del dependiente a una serie de recursos del sistema, antes que como una normativa que sufraga a un cuidador en el entorno familiar. Si esos recursos sociosanitarios son insuficientes, se traslada el cuello de botella a las listas de espera de los centros que están operativos. El dependiente puede tener su valoración y su prestación reconocida, pero si los recursos no son suficientes para ofrecérsela, permanece en cola.

Así, Valido subrayó la necesidad de implementar las dotaciones sociosanitarias del Archipiélago, una planificación que la administración regional está acordando con los diferentes cabildos, que son quienes tienen las competencias en este ámbito. En todo caso, la financiación correría al 50% entre islas y comunidad autónoma.

De igual forma, la administración autonómica se plantea elevar de 700 a 2.000 el número de personas con dependencia que reciben teleasistencia en el Archipiélago, un servicio complementario.

Para valorar a un potencial dependiente se emplean entre una y dos horas y cada responsable de esta tarea, que llevan a cabo en Canarias unos 44 profesionales (22 en cada provincia), suele realizar 48 valoraciones a la semana.