El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha denunciado a dos colectivos negacionistas que han cargado contra los sanitarios y el sistema de vacunación infantil iniciada en Canarias en diciembre. Ha sido la Jefatura Superior de Policía la que ha tramitado dicha denuncia después de que 6.339 profesionales se hayan encontrado en las bandejas de entrada de sus correos personales corporativos un panfleto negacionista en formato PDF que contenía mensajes intimidantes y amenazas por el trabajo que están realizando en la campaña pediátrica.
Ha sido el propio director del SCS, Conrado Domínguez, quien ha tramitado esta denuncia ante la policía después de haber recibido recurrentes quejas por parte del personal sanitario pues, desde el pasado 25 de diciembre, este colectivo ha venido recibiendo cartas amenazantes firmadas por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International. Como explica la denuncia, desde el SCS se cree que la finalidad del correo no es otra sino la de "amedrentar a todo el personal sanitario y crear un desconcierto sobre las personas que lo conforman con el ánimo de paralizar el plan de vacunación contra la covid-19". Desde el 15 de diciembre y hasta ahora se han vacunado en Canarias 61.902 niños de entre 5 y 11 años, lo que supone el 45,21% de la población diana en este grupo.
Los casos de miocarditis han sido muy aislados y no se pueden relacionar con la vacunación
El mensaje enviado a los sanitarios de forma masiva arremete contra la vacunación alegando que los trabajadores están "cometiendo graves delitos tipificados en el código penal contra menores de edad". Entre ellos, estos dos colectivos - que se han mostrado abiertamente y en distintas ocasiones en contra de la vacunación contra la covid-19 - ponen sobre la mesa argumentos que han sido ampliamente desacreditados por la ciencia, como que la vacuna para menores de 12 años "no ha finalizado el correspondiente estudio de seguridad" o que este medicamento "tiene numerosas reacciones graves, muy graves y letales" .
Como señala el director del SCS en su denuncia, ninguna de estas misivas - con las que se pretende conseguir paralizar la vacunación pediátrica- está acreditada. En España, la Comisión de Salud Pública, la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han dado luz verde a la administración de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 para niños de entre 5 y 11 años, después de que los ensayos clínicos hayan demostrado que son seguras para ellos. Por tanto, no se encuentran en fase experimental. Tampoco los niños vacunados en España son los primeros en hacerlo. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad a finales del mes de octubre de 2021. Lo que supone que hasta que se aprobó en España se habían vacunado cerca de 9 millones de niños.
Con respecto a los efectos adversos, las reacciones adversas más frecuentes identificadas en menores de 5 a 11 años incluyen "dolor, inflamación y enrojecimiento en la zona de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular y escalofríos", como explica la Aemps. En esa comunicación afirma que "estas reacciones suelen ser leves o moderadas y mejoran a los pocos días de la vacunación". Las reacciones graves que se han notificado son puntuales y no existe un vínculo claro entre ellas y la vacunación. Así se extrae de los datos recogidos por el sistema de vigilancia v-Safe de Estados Unidos que notificó casos miocarditis considerándolo un evento con muy baja frecuencia (aproximadamente 1,3 por cada millón de vacunados).
Los colectivos amenazan con tomar acciones legales contra los sanitarios que vacunan
Estas asociaciones amenazan también a los enfermeros - que han sido los principales actores responsables de la vacunación - asegurando que están incurriendo en "delitos de intrusismo profesional", dado que, según ellos, la administración de este fármaco requiere prescripción médica. La realidad es que desde 2018 el personal de enfermería no requiere de que la autorización del médico para dispensar vacunas. Así queda contemplado en el Real Decreto 1302/2018 que destaca que "la administración de las vacunas contempladas en el calendario vacunal y aquellas tributarias de campañas de salud que se determinen por las autoridades sanitarias, sólo precisará de la correspondiente orden de dispensación".
Ante estos mensajes enviados de forma masiva y sin freno, el colectivo asegura sentirse "amenazado" y "señalado", tal y como queda constatado en la denuncia tramitada por la Jefatura Superior de Policía. El Servicio Canario de la Salud además, manifiesta desconocer de qué modo se han obtenido las cuentas de correo electrónico asignadas al personal sanitario de forma personal, dado que estas no son de uso público, "sino que tienen un carácter privado y meramente administrativo". Por esta razón, esta acción coordinada por parte de estas asociaciones para dinamitar la campaña de vacunación pediátrica podría incurrir en un doble delito, de acoso y de vulneración de datos personales, dado que esos correos son de uso exclusivo para el personal sanitario y está protegido por la Ley de Protección de Datos.
