La Ley de Ciencia estabilizará a uno de cada cuatro investigadores en Canarias

La contratación indefinida es una de las puntas de lanza de la esperada reforma del sistema científico español que el pasado jueves logró el beneplácito del Congreso de los Diputados. «Debemos celebrar la estabilización del personal», insiste Carlos Navarro, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) pues, como recalca, las precarias condiciones del sistema científico han sido siempre uno de los problemas «más acuciantes del sistema». La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) estima que en este centro se beneficiarán 352 investigadores, en especial los 192 contratados a través de convenios y contratos. En la Universidad de La Laguna (ULL) el número asciende a unos 400.  

Mejoras en la contratación

Este nuevo contrato indefinido no está sujeto a Oferta Pública de Empleo ni tasa de reposición, tampoco necesita autorización previa si dispone de financiación externa –lo que permite contratar a cargo de proyectos– y, por primera vez, reconoce los derechos laborales de los contratados postdoctorales y predoctorales, como la indemnización, cuando se van al paro tras acabar un proyecto de investigación. 

La ley también incluye un nuevo itinerario postdoctoral que requiere menos edad para entrar al sistema científico y permite incorporarse un contrato de más de seis años. En caso de que, al concatenar distintos contratos posdoctorales se supere dicha barrera temporal, las universidades y centros de investigación no tendrán problemas para seguir contratándolos como indefinido. Aunque la estabilización es una de las medidas más celebradas entre los científicos, la nueva disposición también ha causado cierto revuelo entre los gestores.

 ¿El origen? La indemnización a los jóvenes investigadores. Y es que, en principio, serán las universidades y centros de investigación quienes se encarguen de sufragar el coste. Aunque se quiere dar respuesta a este escollo incrementando el porcentaje de costes indirectos que se abonan en los programas de investigación –del 21 al 25%–, lo cierto es que al menos, en los siguientes años serán las universidades con sus fondos propios los que tengan que sufragar la extinción de muchos contratos que no han contemplado la indemnización.

«En nuestro caso, por ejemplo, tenemos unos 50 investigadores predoctorales que en los próximos dos años acabarán su contrato y será la universidad la que tendrá que sufragar su indemnización», resalta el vicerrector de investigación de la ULL, Ernesto Pereda. Esto significa que en los próximos años la universidad tendrá que abonar 100.000 euros a estos alumnos. Como recalca Pereda «lo haremos sin ningún problema y nos alegramos porque se hayan adquirido estos derechos laborales», pero advierte de que el «dinero no crece en los árboles» y los fondos propios de las universidades «son limitados». 

Para el futuro, la ACIISI ya se plantea mejorar de alguna forma sus contratos. «En función de lo que consigamos incrementar los presupuestos para el año que viene, aumentaremos la cuantía de cada programa o ampliaremos el número de plazas», resalta Navarro, que insiste en que desde el Gobierno de Canarias se está trabajando para que en ningún caso, estos programas se vean «afectados negativamente». 

El objetivo es incrementar la inversión de I+D hasta alcanzar el 3% del PIB para 2030

Otra de las propuestas de esta nueva Ley, que reemplaza a la de 2011, es la de incrementar la inversión en I+D de España hasta el 3% del PIB en 2030, es decir, más del doble que hoy en día. Se trata de una de las reformas más esperadas por el sistema científico, dado que España se encuentra a la cola de Europa en financiación de la I+D. 

«Los objetivos de Canarias convergerán con los del Estado», adelanta Navarro, que insiste que, en el caso del Archipiélago, habrá que hacer un esfuerzo adicional para poder impulsar el sistema científico en la empresa. Por ello, la nueva Ley de Ciencia de Canarias –que se encuentra en fase de elaboración– pondrá «énfasis» en lo privado con estímulos concretos para que se genere un ecosistema de I+D+i en las Islas. 

La Ley estatal, en este sentido, favorece la conexión entre las universidades y las empresas al crear nuevos mecanismos de transferencia de conocimiento, tales como el sexenio de transferencia, la compra pública de innovación o, uno de los más solicitados, permiso para invertir en sociedades mercantiles. 

Recelos por las previsiones

Pese a estas previsiones, las universidades muestran aún recelos hacia este objetivo para los próximos 8 años. «20 de los 27 estados miembros de la Unión Europea presentan un crecimiento de su inversión superior al de España, por lo, pese al crecimiento, en 2030 aún podríamos mantenernos por debajo de la media», explican desde el vicerrectorado de investigación de la ULPGC. El vicerrector de la ULL, por su parte, considera que existe el riesgo de que en unos años España no disponga de fondos suficientes como para afrontar este esperado crecimiento del sistema científico. «Ahora mismo estamos aprovechando mucho los fondos europeos de recuperación, pero en unos años ya no estarán disponibles», advierte Pereda. Por esta razón considera que el objetivo gubernamental es «imposible» por «cómo viene la economía». 

La nueva Ley estatal también rebajará el nivel de burocracia al que están sometidos los científicos, velará por reducir la brecha de género e incentivará la innovación. Canarias, por su parte, reforzará en su próxima normativa algunos aspectos característicos de las Islas, como es la cooperación en el desarrollo de África, la consideración de laboratorio de las Islas como laboratorio natural y el estímulo empresarial, así como la reforma de la gobernanza para aunar las competencias de ciencia en el Ejecutivo regional.