La lucha de la familia de Rubén, el joven con síndrome de Down que obligará al Supremo a pronunciarse sobre inclusión

"Seguimos". Es una de las palabras que más ha repetido en los últimos años Alejandro Calleja, padre de Rubén, un joven de 23 años con síndrome de Down. "Es casi un estandarte" admite a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, desde León, donde vive la familia. Porque el "seguimos" resume su lucha en defensa de la educación inclusiva. No ya sólo la que emprendieron por su hijo, hace más de una década, para que asistiera a un colegio ordinario, sino la que mantienen por muchas otras familias. 

El inicio de esta batalla arranca cuando Rubén tenía 10 años y asistía a 4º de primaria en un colegio público de León. En 2011 da comienzo el largo periplo judicial de la familia cuando denuncian ante la Fiscalía de Menores de León, el maltrato y la discriminación sufridos por el niño en los cursos 2009/2010 y 2010/2011. La denuncia fue archivada. En junio de ese año se le comunicó a la familia la autorización para matricularle en un centro de educación especial. Se negaron. Los padres lo consideraban segregación.

En 2013, entidades como Down España daban a conocer su caso. Entonces, el chico, ya adolescente, recibía tutorías de logopedia o apoyo escolar en su propia casa. Alejandro y Lucía, sus padres, se negaban a que su destino fuera un centro de educación especial. Llevaba tres cursos sin escolarizar y los padres acabaron imputados por un delito de abandono familiar. Aquello todavía le duele a Alejandro cuando, en conversación con este diario, repasa una batalla que fue durísima. "Fue muy doloroso", rememora.

Vista con especial interés

La batalla de la familia de Rubén, a quien tanto el Ministerio de Justicia como los tribunales ordinarios han rechazado indemnizar por los perjuicios que le ha ocasionado no poder acceder a la educación inclusiva, es vista con especial interés por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el pasado 23 de marzo un auto de admisión en el que destaca que su recurso le permitirá resolver una cuestión sobre la que nunca antes se ha pronunciado.

El tema planteado por sus padres le permitirá fijar cuál debe ser el cauce adecuado para solicitar del Estado español el cumplimiento de los dictámenes del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "a fin de que reparen los daños derivados del incumplimiento constatado de los derechos previstos" en los tratados internacionales. En segundo lugar, establecer si ello puede tener consecuencias en la revisión de sentencias firmes, como es el caso.

Violación de sus derechos

Si el Supremo falla a su favor, los padres obtendrán la vía jurídica necesaria para tratar de obtener los 350.000 euros que reclaman a la Administración por el trato recibido desde que comenzaron su pelea, además de la incorporación de Rubén en programas de formación profesional inclusivos. La familia también reclama a la justicia que investigue los malos tratos y vejaciones sufridas por su hijo y un reconocimiento público de la violación de sus derechos y de los suyos como padres, al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor.

Para establecer doctrina, los magistrados Pablo Lucas, José Manuel Bandrés, Jesús Fonseca-Herrero, Fernando Román e Isaac Merino deberán revisar un pronunciamiento anterior de la Audiencia Nacional que rechazó que la familia tuviera derecho a ser compensada por el Estado después de que Justicia diera la callada por respuesta a su reclamación.

Colegio ordinario

¿Cuál era el funcionamiento erróneo de la justicia en este caso? Según los padres de Rubén, que no se tuviera en cuenta un dictamen emitido en 2020 por el citado comité dependiente de Naciones Unidas, que tras analizar su caso concluyó que el menor había sido objeto de segregación escolar, desconociendo las autoridades españolas su "derecho a la educación inclusiva, y sin tener en cuenta la opinión de los padres ni valorado la adopción de ajustes razonables para permitir que el alumno hubiera podido escolarizarse en el sistema de educación ordinario".

Según este Comité, la obligación por parte de la administración de escolarizarle en un centro especial supuso un "incumplimiento sistemático, esencial y grave de obligaciones y de prescripciones de varios preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". A ello se sumó que los padres llegaron incluso a ser objeto de procedimiento penal por delito de abandono de familia en razón a defender el derecho fundamental a la educación inclusiva de su hijo.

Tribunal Europeo

La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de noviembre las pretensiones de la familia alegando que los dictámenes del Comité tienen naturaleza de recomendaciones y sugerencias, y que este órgano carece de la potestad jurisdiccional de otras instancias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Añadía también la Audiencia Nacional que el asunto del derecho a la educación del menor "en condiciones de igualdad" ya fue analizado por un juzgado de lo contencioso-administrativo de León en 2012, negando que se hubieran vulnerado sus derechos, y que esta sentencia fue confirmada un año después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Es decir, no cabía volver a revisar la cuestión porque ya se había establecido por sentencia firme que "la escolarización en un centro ordinario no era posible, desde la perspectiva del bienestar y mejor desarrollo del menor", y así se justificaba en los diferentes informes que evacuaron los técnicos de la Administración educativa.

Los magistrados del alto tribunal darán una respuesta definitiva a los padres de Rubén en los próximos meses

El Supremo no entra aún en el fondo del asunto, pero coincide con la familia en que existe aún una vía legal por explorar. "El recurso presenta, efectivamente, interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, siendo necesario un pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo", señalan los magistrados del alto tribunal, que darán una respuesta definitiva a los padres de Rubén en los próximos meses.

La lucha de la familia

Los padres de Rubén nunca cejaron en su empeño. Alejandro, 60 años, ya prejubilado, es desde hace años un activista por la educación inclusiva. Forma parte del movimiento social 'Educación inclusiva. Quererla es crearla'. "Es una cuestión que creemos relevante, ya no para nosotros personalmente. Estamos luchando para que el estado de derecho sea real y efectivo, porque de nada nos sirve tener la convención, el dictamen, sino se hace efectivo". Su lucha, dice, es la de todos los demás. "Al final es un avance social y en derechos humanos muy importante para todos", asegura a este diario.

"Ahora estamos bien, dentro de lo que cabe. Cuando van llegando los hitos, ahí andas, con inquietud. Como estamos tan acostumbrados a que se tuerza el asunto, te pones un poco en lo peor y pensando siempre en el paso siguiente. Es la forma de estar y de aguantar. Si esto sale bien, genial. Pero si sale mal, siempre estás pensando en el siguiente paso para poder mantener la lucha", señala el padre de Rubén.

La vida de la familia -Rubén tiene un hermano, David, mayor que él- ha continuado transcurriendo en paralelo a la pelea judicial. "Ahí estamos, como cualquier otra familia, pero con esta singularidad que nunca quisimos, pero que nos ha tocado", resume Alejandro. Tras hacer un módulo de Formación Profesional, el joven trabaja en el centro de Alzheimer de León. En la oficina, acompaña a los abuelos y abuelas en el transporte o ayuda en el almacén. "Está encantado de la vida y la empresa, también. Además es independiente. No necesita apoyo", explica su padre.

Modelo en Córdoba

Pero, además, como cualquier otro chico de su edad, Rubén ha descubierto una nueva faceta. La de modelo. Todo surgió el año pasado, cuenta Alejandro. La familia acudió a Ibiza para recoger un premio honorífico por su defensa de la educación inclusiva con motivo de la Ibiza Inclusion Fashion Day, que organizaron Enrique Villena y Emma Torres en colaboración con el Consell y distintas empresas privadas de la isla. Un escaparate que pretende visibilizar la diversidad.

"Fue muy emocionante y a raíz de ahí, tenemos una relación estrecha. Querían amplificar el movimiento y surgió la oportunidad de que desfilara en Córdoba", explica Calleja. La ocasión fue muy reciente. Hace apenas unos días, el chico debutó en la I Edición del Córdoba Inclusion Fashion Day, celebrado en Hornachuelos, un movimiento integrador, que reivindica la inclusión de todas las personas que forman de la sociedad y que pronto tendrá réplica en otros puntos de España.

"Hay más información, más formación pero es increíble porque todavía queda muchísimo por recorrer", se queja el padre de Rubén

A Rubén le encanta. Está ilusionado. "Es otra actividad más, como cualquier joven, con su proyecto de vida", asegura su padre. A modo de balance, echa la vista atrás a su titánica batalla. "Lo más difícil de estos años, han sido los varapalos judiciales que hemos recibido. Sobre todo, cuando se nos imputó el delito de abandono de familia. Fue muy doloroso. También la soledad que en este camino hemos sentido. Un poco más de apoyo a las familias debía haber", reclama.

Camino por recorrer

Además, siempre reivindicativo, Alejandro se queja del "poco avance" que se ha producido en todo este tiempo. "La realidad es la misma que hace doce o trece años, cuando iniciamos el proceso. Hay más información, más formación, pero es increíble porque todavía queda muchísimo por recorrer. Por ejemplo, en políticas educativas", apunta.

¿Qué ha sido lo más positivo de esta larga travesía?. "La gente que hemos ido conociendo en este trayecto, personas de distintos sitios. Hay que dar mucha más batalla. Seguir con denuncias, con manifestaciones. Sino, no se mueve. Es un proceso largo, duro, pero no hay otra. Si lo dejas y desistes, pierdes dos veces y gana la banca", concluye Alejandro Calleja.