Denegada la eutanasia a una enferma de Alzheimer al no acreditarse sufrimiento "constante" e "insoportable"

Un tribunal español ha desestimado el recurso presentado por las hijas de una enferma de Alzheimer que buscaban la prestación de ayuda para la eutanasia. La mujer en cuestión había formulado sus voluntades anticipadas en un documento notarial, en el que dejaba claro que consideraba "absurdo" vivir sin conciencia de uno mismo. A pesar de los informes médicos que certificaban la gravedad de su enfermedad y su sufrimiento, el tribunal determinó que no se cumplían los requisitos legales para la autorización de la eutanasia debido a que los sufrimientos no eran constantes e insoportables sin posibilidad de alivio.

La sentencia generó críticas por parte de las hijas, quienes argumentaron que la denegación de la asistencia para morir chocaba con varios derechos fundamentales, como la integridad física y moral, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia, y el derecho a la intimidad.

Cabe destacar que, en marzo de 2022, el Pleno del Constitucional avaló con 9 votos a favor frente a 2 en contra la Ley de la Eutanasia, rechazando así el recurso presentado por el partido político Vox. La formación liderada por Santiago Abascal había solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que se producirían daños irreparables al colisionar con el derecho fundamental a la vida. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Constitucional desestimaron el recurso y reconocieron el derecho a la autodeterminación para decidir de manera libre y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente de sufrimiento extremo objetivo.

Ley de la eutanasia

Aunque la eutanasia sigue siendo un tema controvertido en muchos países, la decisión del Tribunal Constitucional español ha allanado el camino para que los ciudadanos puedan decidir sobre su propia muerte en determinadas circunstancias. Aun así, como demuestra este caso reciente, cada solicitud de eutanasia será evaluada de manera individual y bajo estrictos requisitos legales para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.