Memoria histórica
«El TSJC suspende el catálogo, no la ley que obliga a retirar los vestigios»
El viceconsejero de Cultura admite que el auto obliga a publicar el catálogo en el BOC | Señala que «es un tema de forma, no de fondo. Se resolverá en unos días»
El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, asegura que su departamento ya está trabajando para la publicación del catálogo de vestigios franquistas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo suspendiera porque el Gobierno de Canarias limitó su publicación a un enlace de la página web de la Consejería y no en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), como corresponde en este caso.
«Si bien la Ley de Memoria Histórica de Canarias de 2018 establece en su artículo 12.2 que el catálogo debe estar publicado en la web corporativa del Gobierno autonómico, en la orden de la consejera se decidió optar por un enlace digital par acceder al mismo. El TSJC dice que no y que tiene que estar publicada en el propio BOC cada una de las 2.596 páginas que lo conforman y así lo vamos a acatar y los vamos a publicar en los próximos días». La solución a la suspensión solo depende de lo que tarden los servicios informáticos y de publicaciones del propio Gobierno en tramitar este cambio de forma en la publicación.
Juan Márquez destaca que «el TSJC no entra en el contenido ni hace ningún tipo de valoración de lo que planteaba el Ayuntamiento de Santa Cruz», en referencia al recurso que interpuso la Corporación municipal al entender que el catálogo se había centrado solo en la capital tinerfeña y no detalla los vestigios franquistas del resto de los 88 municipios. El viceconsejera valora así el auto dictado el pasado 28 de abril por el TSJC sobre el recurso presentado por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, mientras José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz –ciudad que también está a la espera de la resolución del suyo–, entiende que la suspensión del catálogo dictada por el TSJC le viene a dar la razón a la capital, cuando advirtió que el Gobierno canario no estaba procediendo de forma correcta al centrarse solo en Santa Cruz.
«Esté o no suspendido el catálogo, la retirada de los vestigios franquistas no está en suspenso», destaca Juan Márquez, quien precisa que la supresión de estos elementos «no depende exclusivamente del catálogo, sino de las leyes de Memoria Histórica, tanto estatal como autonómica».
«Aunque esté suspendido el catálogo, la retirada de los vestigios franquista es un cumplimiento legal que trasciende del marco normativo canario. Hay una Ley de la Memoria Democrática del ámbito estatal que exige esa retirada; haya o no catálogo». «El documento que encargó la Viceconsejería de Cultura lo único que hace es señalar los municipios donde todavía quedan o no se conocen el recorrido histórico de determinados nombres o menciones. Es una herramienta para facilitar el cumplimiento de la ley, pero en ningún caso es preceptivo. La retirada de los vestigios franquistas sigue siendo norma», incide.
Márquez recuerda que la Ley de la Memoria Histórica fue promulgada en 2007 y 11 años después se aprobó la normativa en Canarias, a la que sigue otra ley sobre la memoria democrática de 2022. «Marco normativo hay para cumplir y para retirar los vestigios», precisa el viceconsejero regional.
Márquez concluye que «en el cumplimiento de las leyes, todas las administraciones públicas debemos estar comprometidas, y en el cumplimiento de la reparación moral y el compromiso con los valores democrática todos también tenemos que estar en el mismo barco. Reitero: se puede suspender un catálogo, pero no se puede suspender la ley que está vigente y que hay que cumplir».
«Estamos trabajando en la actualización del catálogo y en junio vamos a entregar a la comisión técnica de Memoria Histórica la que corresponde a las otras seis capitales de las Islas, y se va a actualizar incorporando a Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario, Valverde, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera y seguiremos trabajando con el convenio que tenemos con la Universidad de La Laguna hasta 2025, para completar los 88 municipios del Archipiélago», manifiesta Juan Márquez.
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