Sancionados con 6.000 euros por quitar del colegio a sus hijos para educarles de forma online

 En enero de 2022, una familia residente en Vigo, conformada por un padre español y una madre de origen cubano, tomó la polémica decisión de interrumpir la educación presencial de sus hijas, de 8 y 13 años, en el colegio en el que estaban matriculadas. En su lugar, optaron por una formación online a través de una academia estadounidense. Esta situación ha generado un debate sobre la obligatoriedad de la educación de los menores en España y ha llevado a los padres a enfrentarse a un juicio por un presunto delito de abandono de familia.

El conflicto comenzó cuando el centro educativo extranjero se puso en contacto con el colegio de Vigo para solicitar los expedientes de las menores. Sin embargo, la institución gallega se negó a proporcionar dicha documentación y citó a los padres a una reunión con el director. Durante varias reuniones, se les explicó que debían volver a escolarizar a las niñas, ya que, de lo contrario, estarían incurriendo en un delito.

Deciden cambiar la educación de sus hijas por formación online en el extranjero

A pesar de las advertencias, los progenitores hicieron caso omiso de las indicaciones del docente. Posteriormente, fueron citados a una reunión con la Fiscalía, en la que se resaltaron las llamadas de atención previas que habían desoído. Como resultado, este viernes se sentarán en el banquillo acusados de un presunto delito de abandono de familia. La Fiscalía ha solicitado una multa de 6000 euros como consecuencia de sus acciones.

Este caso ha reabierto el debate en España sobre la obligatoriedad de la educación de los menores y su participación en el sistema escolar tradicional. Mientras algunos defienden la importancia de la socialización y el aprendizaje en un entorno presencial, otros argumentan a favor de la flexibilidad y las posibilidades que brinda la educación en línea.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los progenitores?

En un contexto en el que la pandemia ha impulsado la adopción de la educación a distancia, se plantean preguntas sobre los límites y las regulaciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de los menores. La resolución de este juicio sentará un precedente importante y generará discusiones sobre el papel de los padres en la toma de decisiones educativas y los compromisos legales que deben asumir en beneficio de sus hijos.