Los sindicatos, preocupados por la calidad de la asistencia sanitaria en MUFACE

La preocupación que han trasladado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, las principales aseguradoras -Adeslas, ASISA y DKV- de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) por una posible quiebra del modelo a costa de su financiación, también se ha instalado entre los sindicatos de funcionarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha dirigido a los partidos políticos para que tengan en cuenta esta cuestión de cara a las próximas elecciones. "Estamos preocupados por que se reduzca la calidad en la asistencia", indican a este diario. 

Desde el sindicato, decían tener constancia de que algunos grupos hospitalarios podrían dejar de colaborar con las aseguradoras con las que trabajan si no se revisaban las partidas económicas anuales. En abril de 2022, CSIF presentaba los resultados de una encuesta donde recogían miles de quejas por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios.

Hasta el 50% de los encuestados denunciaban que se les había recortado esa atención sin previo aviso. El sindicato reclama ahora "mayor financiación" para las mutualidades, tanto MUFACE como ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial), un colectivo de casi dos millones de mutualistas.

"Tiene que potenciarse"

En la misma dirección se pronuncian desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Vemos que hay un deterioro en la calidad del servicio que redunda en los compañeros. MUFACE tiene que potenciarse", señala su portavoz, Jacobo Rodríguez, a este diario al tiempo que muestra su inquietud por el futuro de esa atención médica. Indica que cada vez menos centros sanitarios se acogen al convenio de MUFACE y se remonta a 2016, cuando considera que arrancó el "deterioro" de la asistencia sanitaria que se presta a los mutualistas.

"No podemos acudir a un centro sanitario público porque nos cobran. Cada vez hay peor servicio", dice el portavoz del SUP

"Hay más lista de espera y peor servicio. Donde antes había tres otorrinos, por poner un ejemplo, ahora hay tres y esos tres, están saturados", añade el representante del SUP. Insiste en que hay menos hospitales que entran en el convenio -cita el caso de Madrid-, lo que obliga a los policías a acudir a consultas o ver a sus médicos desplazándose lejos de sus residencias. "No podemos acudir a un centro sanitario público porque nos cobran", añade Rodríguez.

Un modelo a revisar

MUFACE es el organismo público encargado de cubrir la asistencia sanitaria y farmacéutica, así como otras contingencias sociales (incapacidad temporal, situaciones de riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente parcial y gran invalidez, descendiente a cargo discapacitado,…) a los funcionarios adscritos. Las aseguradoras hablan de "primas desfasadas" que, a su vez, reducen los baremos que las compañías pagan a los médicos. Consideran que es preciso revisar el modelo, infradotado, insisten, tanto en términos absolutos como si se compara con la financiación de la sanidad pública.

Según fuentes de las tres principales aseguradoras que forman parte de MUFACE llevan unas pérdidas acumuladas de más de 170 millones de euros en el ejercicio del año 2022, el primero del actual concierto. Pero además, indican, si este modelo de mutualismo desaparece supondría llevar al sistema sanitario público "al colapso" al tener que asumir la atención de los casi dos millones de mutualistas.

Renovación en 2025

El concierto para la prestación de asistencia sanitaria de las compañías con MUFACE se debe renovar en 2025. El anterior entró en vigor a principios del 2022. Es por tanto, dicen la aseguradoras, el momento de plantearse el camino a seguir porque consideran imprescindible "una revisión a fondo del modelo para equilibrar lo que se paga por un paciente en el sistema público y un paciente en el sistema privado".

La dirección de MUFACE es consciente "del impacto de la actual coyuntura económica en el presupuesto del concierto sanitario firmado para los años 2022-2024. También es sensible "a las quejas y reclamaciones formuladas por el colectivo mutualista o la representación sindical", han señalado desde el Ministerio de Hacienda cuando se les consulta por estas reivindicaciones.