El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordena, una vez más, tirar la zona a medio construir de Valdecañas

Yde nuevo, otro revés para Valdecañas: los tribunales ordenan (una vez más) la demolición del complejo turístico. Ahora vuelve a pedirlo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que insta a derribar toda la parte que está a medio construir en el resort. El auto prohíbe además levantar nuevas construcciones en el enclave. Que esta zona se tenía que tirar era algo sobre lo que ya se habían pronunciado los tribunales pero la demolición estaba paralizada por los recursos presentados al Tribunal Supremo (TS) por la Junta de Extremadura y las promotoras Marina Isla Valdecañas y Golf Valdecañas contra el plan de derribo que ordenó el propio tribunal extremeño. El Supremo desestimó los recursos el pasado mes de mayo. Por tanto, desbloqueada esa parte, lo que hace ahora el TSJEx es instar a que se ejecute ese plan de demolición.

No obstante, esta nueva orden de derribo no afecta a la parte que está ya construida, pues esta orden de demolición está recurrida al Tribunal Constitucional (TC), que debe pronunciarse aún sobre si debe o no tirarse. Mientras tanto el TC en un auto paralizó la orden de ejecución de esta zona ya ejecutada, a la espera de su pronunciamiento.

La Junta de Extremadura es la administración competente para llevar a cabo el derribo. Y el TSJEx le da un plazo de seis meses para aprobar el plan de derribo, con la obligación de que a partir del sexto mes se lleve a cabo el proceso de adjudicación de los trabajos para poder materializar el derribo. Debe tirar, según especifica el tribunal extremeño, el segundo hotel planificado así como las viviendas que estaban a medio construir y a las que están terminadas y que sirven de oficina a la promotora, “salvo que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas”. Debe derribarse también todas aquellas instalaciones que, aunque no sean imprescindibles para el funcionamiento de las edificaciones, se encuentren también en fase de estructura. Además, las plataformas que no hayan sido urbanizadas deberán restaurarse y revegetarse.

Todo ello, mediante una actuación que conlleve el menor perjuicio para el medioambiente, con el objetivo de reponer el terreno “a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la Zepa (Zona de Especial Protección para las Aves), debiendo crearse un enclave y paisaje a los protegidos en la Zepa”, sostiene el TSJEx en el auto hecho público este viernes.

Será la sala de lo contencioso administrativo de este tribunal la que se encargue de supervisar los trabajos y pide al Ejecutivo autonómico que aclare si será el Consejo de Gobierno el órgano encargado de la ejecución de los trabajos, tal y como se aprobó en la anterior legislatura.

La Junta de Extremadura ya ha anunciado que recurrirá el auto. "El gobierno de la Junta de Extremadura respeta las decisiones judiciales, pero va a explorar todas las posibilidades con el objetivo de frenar la demolición de parte del complejo", afirman fuentes del Ejecutivo, desde donde se afirma que "la ejecución de la demolición tendría consecuencias nefastas para la región, ya que se proyectaría un mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en nuestra comunidad autónoma". En este sentido advierten que "en Extremadura no sobra ni un empleo, ni una inversión, ni una oportunidad. Y aunque se trate de una demolición parcial, el resultado posterior de ésta no ayudaría ni al desarrollo de la zona, ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto plazo, ni a la proyección económica general de la región en el futuro".

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