Prometen dar una solución a todos los afectados por el volcán de La Palma
Barreto explica que este primer decreto aborda cuestiones urbanísticas para una parte significativa de los afectados, pero reconoce que no resuelve completamente la situación de aquellos que tienen propiedades en la zona roja, donde se podría delimitar un futuro Espacio Natural Protegido
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El Gobierno de Canarias ha delineado una hoja de ruta para la completa recuperación económica y social de La Palma, la cual incluye la aprobación de cuatro decretos leyes en un orden específico: el territorial, el agrario, el de vivienda y el de recuperación económica, dirigido principalmente a la actividad industrial y comercial. La primera medida que se implementará es el decreto ley de ordenación territorial y urbanística, actualmente en proceso de consulta pública y participación en las oficinas de Gesplan en El Paso y Santa Cruz de Tenerife. Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, destaca que se están incorporando sugerencias al decreto y clarificando la redacción gracias a las aportaciones recibidas.
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Barreto explica que este primer decreto aborda cuestiones urbanísticas para una parte significativa de los afectados, pero reconoce que no resuelve completamente la situación de aquellos que tienen propiedades en la zona roja, donde se podría delimitar un futuro Espacio Natural Protegido.
El decreto territorial es el primer paso en la planificada hoja de ruta para la recuperación de La Palma, compuesta por cuatro nuevos decretos leyes y un Plan Plurianual de Pagos de 150 millones de euros a lo largo de cuatro años, con 50 millones provenientes del Gobierno de Canarias y 100 del Gobierno de España.
Barreto destaca la situación de desigualdad de las personas cuyas propiedades se encuentran en la zona 'roja', indicando que están ultimando otro decreto ley que les proporcionará una solución integral. Además, señala que el Gobierno de Canarias y el Cabildo colaborarán para definir de manera definitiva el Espacio Natural Protegido, lo que permitirá conocer la situación final de las parcelas en los bordes de la zona actualmente afectada por medidas cautelares.
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