Una tinerfeña lleva al Constitucional la discriminación de la mujer en la Iglesia

Una tinerfeña ha conseguido que el máximo órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna española revise la discriminación de la mujer en las asociaciones de la Iglesia católica española. El Tribunal Constitucional (TC) acaba de admitir a trámite el recurso de amparo que presentó María Teresita Laborda, una isleña que lleva 16 años luchando para que la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna acepte la incorporación de las mujeres en esta institución dependiente del Obispado de Tenerife, lo que prohíbe en sus estatutos.

La aceptación del recurso ya supone de por sí un hecho de enorme trascendencia pues la investigación que se abre ahora no se limitará al caso particular de esta mujer que quiere ser esclava de este Cristo venerado en Tenerife. El proceso puede afectar al resto de congregaciones religiosas –no solo católicas– de España que vetan la presencia femenina, en contra del derecho constitucional a la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

Interés general

Es precisamente el interés general que hay detrás de esta denuncia particular lo que ha llevado al Constitucional a admitir este recurso, un tribunal que sólo acepta uno de cada cien apelaciones que recibe. Lo asegura el propio organismo en la providencia por la que comunica la admisión del procedimiento, firmada el pasado lunes y a la que ha tenido acceso EL DÍA-La Opinión de Tenerife.

La Sección Tercera asegura que concurre en el recurso de María Teresita Laborda «una especial trascendencia constitucional» porque «puede dar ocasión al Tribunal a aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna». Firman la resolución las magistradas Inmaculada Montalbán Huertas –vicepresidente del Tribunal Constitucional– y Laura Díez Bueso, y el magistrado César Tolosa Tribiño.

María Teresita Laborda, que ha representado en esta larga batalla judicial por la igualdad a otras tinerfeñas que como ella quieren ser esclavas del Cristo de La Laguna, presentó un recurso de amparo ante el Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo, de enero de 2022, que avaló la exclusión de las mujeres de esta hermandad. La Esclavitud es una congregación de Tenerife que se rige por el derecho canónico y las normas diocesanas del Obispado de La Laguna, municipio tinerfeño que acoge la sede de la jerarquía católica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según el artículo 1 de sus estatutos, sus miembros solo pueden ser «caballeros».

La decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo que respaldó hace dos años que las mujeres tengan prohibido pertenecer a esta hermandad fue adoptada por los magistrados Juan María Díaz (ponente), Ignacio Sancho, Rafael Sarazá y Pedro José Vela. El fallo aborda un conflicto entre los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación por razón de sexo y asociación, y las particularidades de la organización de las entidades de carácter religioso. El alto tribunal dio preferencia al ordenamiento de las entidades católicas por encima de los consagrados por la Constitución Española.

Dos sentencias favorables

Después de dos sentencias que avalaron el acceso de la mujer a la Esclavitud de La Laguna y que daban preferencia a los derechos constitucionales sobre los religiosos –una del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife de 2020 y otra de la Audiencia Provincia de Santa Cruz de Tenerife de 2021–, el Supremo se pronunció en sentido contrario. Defendió que en este caso hay que atender, «como normas de directa y preferente aplicación, a lo previsto en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos (artículo I) y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa». Asimismo, cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se señala que «el principio de autonomía prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir en su seno nuevos miembros o excluir a otros».

Los cuatro magistrados del Supremo también incorporan un pronunciamiento judicial que mantiene que «los derechos fundamentales y, entre ellos, el principio de igualdad, han de aplicarse matizadamente, pues han de hacerse compatibles con otros valores o parámetros». Circunscriben las actividades de la Esclavitud del Cristo al ámbito religioso para argumentar que «la no admisión de un socio no puede generarle a este un perjuicio significativo».

Laborda inició su lucha en 2008 y abrió la vía judicial en 2018, harta de los silencios y desplantes de la Esclavitud del Cristo y el Obispado de Tenerife ante sus peticiones de que ella y otras 35 mujeres pudieran tener el derecho a formar parte de la asociación. La hermandad alegó que no se regía por la Ley del Derecho de Asociación, sino por el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, el denominado Concordato. Considera que este hecho exime a cualquier asociación religiosa de la obligatoriedad de admitir mujeres.

La Esclavitud también invocó «una tradición de más de cuatro siglos, que se refleja en el artículo de los estatutos impugnado, que responde al ejercicio de las facultades de autoorganización de la entidad, que debe ser respetada por la autoridad judicial conforme a la jurisprudencia nacional y europea». Así lo explica en el recurso que presentó ante el Supremo por infracción procesal y de casación, tribunal que le dio la razón.

El Obispado de Tenerife se sumó a las acciones de la Esclavitud. Solicitó que se dictase sentencia «declarando la falta de competencia objetiva de la jurisdicción civil para el conocimiento de la demanda y subsidiariamente se case y anule la sentencia impugnada, y se estime el recurso de apelación» contra los dos fallos que obligaban a la hermandad a aceptar a las féminas. Se da la circunstancia de que el Obispado había aceptado en primera instancia la petición de Laborda pero en el proceso judicial operó en contra de los intereses de la mujer.

Debate en la Esclavitud

Las exigencias de Laborda generaron un debate en el seno de la Esclavitud del Cristo, cuyos fines, según sus estatutos,son los siguientes: «Promover entre sus asociados una vida cristiana más perfecta, el ejercicio de obras de piedad evangélica y el incremento de la devoción y culto a la Sagrada Imagen de Nuestro Señor Crucificado, traída a esta Isla por el primer adelantado mayor de Canarias, Alonso Fernández de Lugo, y que desde entonces ha recibido constante veneración popular en su capilla».

En 2017 y tras un encuentro celebrado entre los responsables de entonces de la hermandad y dos representantes del sector femenino interesado en incorporarse, la entidad convocó una reunión extraordinaria de antiguos esclavos mayores –como se conoce a los máximos responsables de la Esclavitud– para abordar el cambio. El acuerdo no fue más allá de que dos miembros estudiasen la petición para disponer de un informe que se trataría en una nueva cita.

Incluso uno de sus esclavos mayores, Francisco José Doblas González, que estuvo en el cargo entre 2016 y 2023, aseguró que era «una reivindicación muy legítima» que había que abordar. Entonces llegó diciembre de 2019. La Esclavitud del Cristo lleva el asunto a la junta general. Era la primera vez en más de cuatro siglos de historia que este colectivo católico abordaba el cambio en sus normas para dar cabida a las mujeres. La votación, sin embargo, rechazó cambiar los estatutos. Sus miembros seguirían siendo «caballeros».

Intervención municipal

El Ayuntamiento de La Laguna llegó a intervenir en el proceso. En 2018, el Consejo Municipal de la Mujer enviaba una carta al obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez, y a la Junta de Hermandades y Cofradías (JHC) de La Laguna para pedir que las mujeres pudiesen formar parte de la Esclavitud del Cristo y otras asociaciones católicas. Ahora será el Tribunal Constitucional el que se manifiesta sobre esta reivindicación, una decisión que puede sentar un precedente histórico sobre la igualdad en los colectivos religosos del país, no solo los de La Laguna.

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