La Iglesia registra solo 9 casos de abusos sexuales de los 22 conocidos en Canarias

Para dar luz es el título del informe que la Conferencia Episcopal Española (CEE) eligió para recoger los casos de pederastia y abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia española. En este documento, presentado el pasado mes de diciembre, aparece un total de 806 casos registrados por este órgano de gobierno del clero español en todo el país. Sin embargo, según avanzó ayer El País, la iglesia en ese mismo estudio desglosa como casos probados solo 205. 

Esta cifra dista mucho también del informe que realizó la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV) de la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo, a finales del mes de octubre del pasado año y que contabilizó un total de 1.281 casos en todo el país. No obstante, tras la publicación de su trabajo, la UAV ha añadido cerca de un centenar de casos más. La contradicción de datos publicada en ambos informes -el del Defensor del Pueblo y el de la CEE- es evidente y más que arrojar luz sobre esta terrible lacra que salpica a miembros del clero en España, ensombrece una realidad que durante mucho tiempo estuvo forzada al silencio.

Y Canarias no es un territorio distinto en cuanto a los datos contrastados en ambos informes a nivel nacional. De hecho, el informe presentado por el Defensor del Pueblo señala que la Iglesia solo registra 9 de los 22 casos de abusos sexuales o de pederastia recabados tanto en las entrevistas recogidas por la oficina del Defensor del Pueblo, los contabilizados por las dos diócesis del Archipiélago canario, así como de los datos recogidos en la base de datos publicada por el periódico El País desde el año 2018.

En este último informe de la CEE, se da una vuelta de tuerca más, casi inverosímil, y es que separa las denuncias que considera que son «creíbles» de aquellas que apunta que «no lo son». De hecho, hay casos que han pasado por los órganos judiciales civiles (no canónicos) con sentencias y condenas firmes, que la Iglesia española en este informe no valida plasmando que son casos que o no computan, se sigue con la investigación canónica o están aún pendientes de resolver por los órganos eclesiales correspondientes de las investigaciones que mandató iniciar el Papa Francisco.

En el caso de la Diócesis Nivariense, según apunta Domingo Navarro Mederos que es responsable de la Oficina de Protección del Menor y Personas Vulnerables (creada en 2020), «hemos tenido conocimiento de cinco denuncias por abusos sexuales, tres de ellas ocurrieron hace mucho tiempo, antes de la creación de esta oficina y todas se resolvieron por la vía canónica», apunta Navarro quien añade que «hay otro caso que se conoció después de 2020 y también se ha resuelto por la vía canónica». El responsable de esta oficina evitó dar más información sobre este último caso y destacó que «se resolvió en el ámbito canónico, no en la jurisdicción civil».

Denuncias en Canarias

A continuación enumeramos los casos de denuncias conocidos y cuáles de ellos ha registrado la iglesia: Colegio La Salle San Ildefonso de Santa Cruz de Tenerife, Colegio La Salle Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria; Colegio Salesiano, en Teror; Colegio Salesiano San Isidro, en La Orotava; Grupo Scout Aguere 70 del Colegio Nava La Salle, en La Laguna; Parroquia de San Bartolomé Apóstol, en Tejina; Seminario Mayor, en La Laguna. Además hay dos casos más que no se identifica el lugar, solo las localidades: uno en Santa Cruz de La Palma y otro en la capital tinerfeña.

A estos casos hay que añadir los siguientes conocidos: Casa Parroquial de La Gomera,Centro Opus Dei de Santa Cruz de Tenerife, Centro Residencia de Mayores Opus Dei, en Santa Cruz de Tenerife; Colegio del Cristo, en Las Palmas de Gran Canaria; Colegio internado San Juan de Dios, en Las Palmas; Colegio La Salle, en Arucas; Colegio Salesiano, en Santa Cruz de Tenerife; Colegio San Antonio María Claret, en Las Palmas; Congregación Pureza de María; Parroquia Casa Aguilar, en Santa María de Guía; Residencia Hermanos de la Cruz Blanca, en Puerto de la Cruz y, por último, un domicilio particular en Las Palmas de Gran Canaria.

El hermetismo con el que la iglesia española trata estos casos, de los que ni siquiera se sabe el número total de víctimas que sufrieron los abusos en cada uno de ellos, no atiende siquiera a dos de las principales demandas de las víctimas de abusos sexuales: que se sepa la verdad y que haya una reparación efectiva a las víctimas.

Ciro Molina: «Queremos presentar una demanda conjunta en el Vaticano»

«Al menos nos hemos sentido escuchados». Ciro Molina resume así la reunión que mantuvo junto a otras víctimas de abusos sexuales, que forman parte de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), con Luis Argüello y José Cobo, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) el pasado 25 de marzo para impulsar una mesa de trabajo de reparación de las víctimas. 

Molina es la única víctima de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia en Tenerife que ha dado la cara y que ha pedido públicamente el cese del actual obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, que era Vicario General cuando su familia denunció los abusos que sufrió por parte de un párroco en Tejina (La Laguna) entre 1997 y 2004. En este caso hay dos víctimas más de dicho párroco.

Molina señaló ayer que la asociación a la que pertenece va a «presentar una demanda conjunta, con el máximo posible de casos de víctimas, ante el Vaticano, independientemente de las investigaciones que se puedan llevar a cabo en España», anunció.

Sobre el encuentro que mantuvieron los representantes de la asociación con el presidente de la CEE, Molina señaló a este periódico que se pidió a la CEE que «se reconozca el Estatuto de las Víctimas, porque hay muchas personas que fueron víctimas y que han fallecido sin tener una justicia efectiva; pedimos un verdadero sistema de acompañamiento a las víctimas así como apoyo para las terapias de las víctimas y resarcimiento económico».

Molina pidió expresamente que «la iglesia no equipare los casos de abusos sexuales cometidos en otros ámbitos con los que se han producido dentro del ámbito de la iglesia y no es por minusvalorar los otros casos», afirmó. De igual manera, la asociación pidió que se cuente con las víctimas, que se atienda a las denuncias, se identifique y se señale a los agresores para que pidan perdón a las víctimas, afirmó Molina, ya que, en su caso particular el sacerdote que abusó de él «estuvo 10 años más ejerciendo tras presentarla denuncia y ahora está retirado, con una pensión viviendo en una casa en Tacoronte».