Un avión que llegaba de Gran Canaria, víctima de la invasión de la pista de Barajas por parte de unos activistas
Las activistas han “burlado” la seguridad del aeropuerto para acceder a la pista de aterrizaje
Tres activistas ecologistas pertenecientes al grupo Futuro Vegetal han llevado a cabo una ocupación en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Madrid Barajas en la mañana del pasado viernes. Como resultado, la pista 32R tuvo que cerrarse y el tráfico aéreo de llegada se redirigió a la pista 32L. Afortunadamente, la operativa del aeropuerto no sufrió afectaciones significativas. Actualmente, las autoridades están llevando a cabo una investigación por posibles daños, y los activistas se encuentran bajo disposición judicial.
Aproximadamente a las 6 de la mañana, tres activistas se adhirieron al pavimento en la zona cercana a una de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un empleado de Aena los detectó y notificó de inmediato a la Torre de control, que a su vez alertó a la Guardia Civil. Esta intervino para evitar cualquier repercusión y está investigando el incidente.
Los activistas lograron evadir la seguridad del aeropuerto para acceder a la pista de aterrizaje, llevando consigo una pancarta con el lema 'El Pueblo unido funciona sin partido', según un comunicado emitido por Futuro Vegetal. Con esta acción, el grupo pretende llamar a la población a organizarse y hacer frente a las peores consecuencias de la Crisis Climática, independientemente del resultado de las elecciones del 23 de julio.
En relación a los hechos, los activistas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, según informó EFE. Después de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se les imputan delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad aérea.
Según la Ley 21/203 de Seguridad Aérea, este tipo de acciones constituye una infracción contra la seguridad de la aviación civil, que puede ser clasificada como grave o muy grave dependiendo de las circunstancias. En consecuencia, se establece una sanción administrativa de entre 45.001 a 225.000 euros.
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