El Juzgado de lo Penal Nº2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha absuelto al viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, de un delito societario y otro de insolvencia punible por su gestión al frente de la empresa municipal Gestión Urbanística de Pájara, S.L (Gesturpa), de la que era administrador único entre los meses de julio de 2011 y junio de 2015 durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Pájara, constituida en julio de 1996.
El juicio se celebró el pasado mes de octubre en Puerto del Rosario. La Fiscalía redujo la petición de pena para Acosta a un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal durante su gestión como administrador único en Gesturpa.
Sin embargo, el fiscal Tomás Fernández de Paiz, anunció en la segunda jornada del juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 26 de octubre, la retirada de la acusación de insolvencia punible, al considerar que con la reforma del Código Penal no se ampara el citado delito. En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía demandaba para el líder de los socialistas majoreros una pena de cuatro años y tres meses de prisión, 48.000 euros de multa e inhabilitación por los delitos de administración desleal y de insolvencia punible.
Blas Acosta, elegido candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura para las elecciones de 2023, se acogió a su derecho de no responder a las preguntas del fiscal y solo aceptó las realizadas por su abogada, María Rosa Díaz Bertrana. El viceconsejero regional de Economía e Internacionalización expuso que durante varios ejercicios puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa se encontraba en fase de liquidación y declaró ante la magistrada del Juzgado de lo Penal, Alicia Buendía, que Gesturpa nunca concertó un préstamo de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Pájara.
La sentencia recoge que "de la prueba practicada en el acto del juicio oral se considera que no puede deducirse acreditado el delito societario objeto de acusación, habiéndose modificado la calificación provisional, retirándose la acusación por el delito de insolvencia punible al no estar vigente en el momento de los hechos, al haber cesado el acusado en su cargo de administrador en junio de 2015 tras no concurrir a las elecciones municipales de dicho año y ser requisito sine qua non para el meritado cargo ser parte de la corporación local".
La causa tuvo su origen en la denuncia de una asesora de un concejal del grupo mixto del Ayuntamiento de Pájara que, "una vez se sienta en el banquillo -como se diría en lenguaje coloquial- al acusado Blas Acosta Cabrera, decide no estar a disposición de este Juzgado, conducta idéntica a la de los representantes legales de Fuertcan que tanto interés parecían tener en personarse como acusación en el presente procedimiento pero no en acudir a declarar al juicio oral", expone la sentencia.
Acosta formuló entre julio de 2011 y junio de 2015, y que en ese periodo y propuso aprobar las cuentas anuales sin que conste probado que las mismas contuvieran constantes y graves irregularidades contables en materia de valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos, contabilización de deudas y gastos.
Un préstamo de 1,6 millones de euros
El 27 de marzo de 2012 el Ayuntamiento de Pájara tramitó un expediente de préstamo por 1.649.791,76 euros concedido a Gesturpa y contabilizado como correspondiente a deudas de proveedores y acreedores que el ayuntamiento pagó por cuenta de la entidad mercantil, en virtud del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, informa Efe.
Dice el juzgado que no consta acreditado que Gesturpa o en su nombre el acusado suscribieran operación de crédito alguna, siendo el Ayuntamiento de Pájara el que lo suscribió a fin de hacer frente a las obligaciones reconocidas, líquidas, vencidas y exigibles de la entidad, su organismo autónomo Escuelas Infantiles de Pájara y sus entidades mercantiles Gesturpa, Gestión Agropecuaria de Pájara y Gestora Deportiva Municipal.
Añade que fueron además las entidades financieras las que directamente abonaron a los proveedores, en virtud de los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y son las entidades financieras las que suministran al ayuntamiento la información de las facturas abonadas, realizándose la imputación al presupuesto.
Dice asimismo que, por acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Pájara de 30 de noviembre de 2006 se aprobó la ejecución del proyecto de alumbrado público cuya promoción correspondía a Gesturpa, quien figuraba a su vez como peticionario en los correspondientes proyectos de abril de 2006 y noviembre de 2006, con el correspondiente visado del Colegio Oficial de Ingenieros industriales de Canarias.
De igual manera, Gesturpa figuraba como contratante en el correspondiente acta de recepción de la obra de 17 de mayo de 2009.
La factura que emitió Mahelec Mantenimientos S.L. -a quien Gesturpa encargó la realización de la obra- el 1 de diciembre de 2006 por importe de 942.133,69 euros, fue abonada por el Ayuntamiento de Pájara en mayo de 2012 a raíz del meritado Real Decreto al incluirse a Mahelec entre los proveedores acreedores de la entidad.
No consta probado que con su actuación el acusado causara un evidente y grave perjuicio irreparable al socio y acreedores, añade el juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario.
El fallo no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación en un plazo de diez días desde su notificación a las partes.
Alegría de Ángel Víctor Torres
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, expresó ayer su alegría por la sentencia absolutoria del dirigente de su partido, PSOE, en Fuerteventura, Blas Acosta, y pidió que no se mezcle «justicia con política».
«Me alegro por él, por el PSOE de Fuerteventura y por el PSOE de Canarias», dijo Torres, e indicó que defiende la presunción de inocencia hasta el final de los procedimientos, frente a aquellos que le pedían la dimisión de Acosta de su cargo como viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, según la Agencia Efe.
En declaraciones en el Parlamento de Canarias , el presidente del Gobierno regional se refirió a quienes hacen «política con la Justicia y quienes piden comisiones de investigación parlamentaria cuando los asuntos están investigados por la Justicia». Además, añadió que, « dejemos a la justicia trabajar y nosotros los políticos defendamos la gestión pública y los servicios a los ciudadanos», señaló el presidente canario, quien, insistió en que « no se debe mezclar política con justicia y respetemos los espacios de cada cual».
