La justicia admite a trámite la denuncia por los delitos en un centro de menores de Mogán

El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana ha comenzado la instrucción para dilucidar los delitos que la Fiscalía detectó en el centro temporal de acogida de menores migrantes que se instaló en 2020 y 2021 en el complejo de apartamentos Puerto Bello, en Mogán. De esta forma, ha admitido la querella presentada por el Ministerio fiscal en verano del año pasado y ha citado a declarar a seis personas investigadas y diversos testigos para las próximas semanas.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales, hace pocas fechas que el juzgado sureño incoó diligencias previas, el procedimiento por el cual se comienza a investigar en la vía judicial la posible comisión de un delito. En las próximas semanas, se llevará a cabo una instrucción en la que se mantiene como investigados a las seis personas contra las que se querelló Fiscalía.

Son el director del centro, Fernando P.R. y las dos personas que ocuparon la subdirección, Omar M.B. y José Jonathan A.M.; así como contra el gerente y director técnico de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI -la oenegé que gestionaba el recurso de acogida por concesión del Gobierno canario-, Rafael B.G. y Manuel D.S., respectivamente. También contra otro directivo de la entidad, Khalil D.

Abandono de familia, omisión y lesiones

En el escrito que presentó el Ministerio público, y que ha admitido a trámite el juzgado, se detectó la posible comisión de varios delitos: abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones leves. Según su escrito, los investigados no adoptaron medidas para solucionar los problemas en el recinto pese a tener conocimiento de que se producían situaciones de falta de atención y necesidad.

El juzgado citó a declarar a las personas investigadas en las próximas fechas pero, según las fuentes consultadas, se han suspendido indefinidamente debido a la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia desde el próximo 24 de enero. También han sido citados a declarar en las dependencias judiciales de Maspalomas varios testigos, testimonios que se preveían recoger durante febrero, aunque quedan pendiente de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas fechas.

También desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, dirigida por Noemí Santana (Unidas Podemos), se impulsó una investigación sobre los hechos que denunciaron unos trabajadores del centro temporal de acogida de menores migrantes, en el que hablaban de supuestos de abusos sexuales y prostitución. En ese sentido, el departamento regional interpuso una denuncia ante la Policía Canaria y la propia Fiscalía de Menores para esclarecer los hechos.

Agresiones y prostitución

En el verano de 2021, varios trabajadores del centro de acogida de menores migrantes denunciaron públicamente que en su interior se produjeron "repetidas agresiones sexuales", y que se ejerció la prostitución tanto dentro como fuera de sus paredes. Al mismo tiempo, lamentaron que, ni la entidad que lo gestionaba, ni el propio Ejecutivo canario, hicieron nada para frenar las irregularidades.

El escrito de denuncia fue remitido al Ayuntamiento de Mogán y fue elaborado por parte de empleados de la Fundación para revelar "algunas de tantas situaciones negligentes que soportamos en nuestro día a día, situaciones que la dirección pasada y actual del centro permiten y fomentan, vulnerando los derechos de los menores tutelados".

Sin embargo, en su querella, la Fiscalía no aprecia la comisión de estos supuestos de agresión sexual y prostitución. Y, en cambio, interesó la investigación de los tipos penales de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y lesiones. La instrucción judicial quea hora comienza revelará más detalles y aclarará si se produjeron o no estos, u otros, hechos.

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