La defensa tilda de "fantasiosos" los hechos que se imputan a los acusados por blanqueo de capitales

Las defensas de tres de los ocho acusados por lavar dinero y pertenencia a banda criminal tildaron este jueves de "fantasiosos" los hechos que les imputa la Fiscalía. En sus informes finales, detallaron que la investigación policial, pero también la instrucción en el juzgado, se basa en "humo" y que no hay acciones concretas que sirvan para afirmar que sus clientes cometieron algún hecho delictivo. Pese a ello, el Ministerio Público mantuvo su petición de condena de cuatro años y seis meses por el tipo penal de blanqueo de capitales y quince meses más por el de participar en el grupo criminal, con base en Las Palmas de Gran Canaria.

Los tres acusados que no alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía al inicio del juicio declararon ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Las Palmas que no conocían las actividades ilícitas que realizaba el grupo, por las cuales blanqueaba dinero procedente, presumiblemente, de la droga. Uno de ellos, además, afirmó que no conocía siquiera al cabecilla ni a otros miembros de esa banda.

Según los abogados María del Carmen González de Lario y Carlos Marrero Pérez, las escuchas telefónicas en las que se sustenta la mayor parte de la acusación están "desacreditadas" porque "nadie sabe quiénes son las personas que las transcribieron". Los agentes que se encargaron de esta tarea no fueron llamados a declarar en la vista, y este jueves la propia fiscal terminó renunciando a la reproducción en sala de los documentos de audio en aras de agilizar el proceso. También criticaron las defensas a la persona que se encargó de traducir a los acusados y testigos de Europa del Este en el juicio, ya que no era un intérprete jurado y no se pudo comprobar que estuviera en la lista del Gobierno de Canarias en que aparecen los ciudadanos que pueden ejercer como tal.

González de Lario, en representación del administrador de Leana Import Dist-Serv, S. L. y de otro acusado que presuntamente era miembro también de la banda, mantuvo su petición de libre absolución para ambos. Lo hizo en base a lo que entendió como vulneración de los derechos consagrados en el artículo 18.3, 24.1 y 24.2 de la Constitución Española. Esto es, al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva y a conocer la acusación formulada contra su persona, respectivamente.

No existió beneficio

Por su parte, Marrero Pérez representó al propietario del inmueble situado en Firgas que compró el dueño de Leana con dinero que este mismo acusado le transfirió, en lo que los agentes calificaron como un "círculo de blanqueo". El abogado se preguntó "qué beneficio puede tener esa operación" para su cliente y, en su opinión, ninguno de los agentes que declararon supieron contestarle. "No se puede entender que se baje el precio de la casa si el interés es blanquear la máxima cantidad posible de dinero, tal y como ellos indican en sus informes", agregó.

El administrador de Leana, a quienes los guardias civiles sitúan como la mano derecha del cabecilla del grupo criminal, rechazó que se dedicara a tareas de contra vigilancia y seguridad. Además, dijo no saber a qué se dedicaba su «amigo» en esas reuniones a las que le acompañaba. De hecho, con el paso del tiempo se fue dando cuenta «que había algo turbio» por lo que se alejó de esta persona y su familia.

Sobre el dinero para la compraventa del inmueble, tanto él como el dueño de la vivienda admitieron que los 150.000 euros partieron del segundo, que solo quería «quitarse de encima la casa y dejar de pagar la hipoteca porque hacía años que no vivía ahí». Pero que ese monto era de origen lícito y no tenía intención alguna de blanquear. En cuanto a otros pagos por valor de unos 40.000 euros que le hizo entre 2015 y 2016, aseguró que los efectuaba porque, «de no hacerlo, lo habría podido perder todo». El juicio quedó visto para sentencia.

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