Las Palmas de Gran Canaria

Fiscalía pide entre diez y doce años a una banda por blanquear dinero ganado con la droga

Siete personas se dedicaban al sistema del "pitufeo" desde Las Palmas de Gran Canaria para mover dinero entre Sudamérica y Europa | Crearon una empresa pantalla para dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. / EUROPA PRESS - Archivo

La Fiscalía acusa a siete personas de distintas nacionalidades de pertenecer a una banda que se dedicaba a blanquear el dinero ilícito que obtenían por la venta de drogas con base en Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, interesa penas de entre diez y doce años de cárcel a sus componentes por delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de bienes que tiene su origen en un delito de tráfico de drogas.

Según la acusación del Ministerio Público, estas siete personas se dedicaron a ocultar el origen del dinero que obtenían para posteriormente introducirlo en el tráfico económico comprando bienes inmuebles y abriendo cuentas y otros productos financieros. Muchas veces llevaban a cabo su cometido mediante el sistema conocido como «pitufeo». Es decir, captaban a varias personas que se hacían transferencias entre sí, introduciendo en el tráfico pequeñas cantidades de dinero para poder rescatarlo en países de Sudamérica. En una de esas ocasiones, llegaron a colaborar con 63 personas en destino y 49 de origen, realizando envíos al continente por valor de 112.629,04 euros.

Además, crearon un entramado empresarial con el que dar apariencia de legalidad a las ganancias que obtenían de la realización de sus actividades ilícitas. De esta forma, nació la mercantil Leana Import-Dist-Serv S. L. que, según los investigadores, «solo ha desempeñado actividad comercial consistente en la venta al por mayor de zumos» sin llegar a ser rentable y, por tanto, sin justificarse las transferencias internacionales recibidas, ni la adquisición de dos bienes inmuebles.

Además de las penas de prisión, Fiscalía también pide multas de entre un millón y cuatro millones de euros al cabecilla. También de 365.000 euros a la empresa tapadera.