El presidente del TSJC advierte de que la amnistía puede afectar a la seguridad jurídica

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado arranque al nuevo año judicial con la preocupación manifiesta de su presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, por el planteamiento de una amnistía que "puede afectar a los principios de igualdad y de seguridad jurídica". Bajo criterio del magistrado, el anuncio de esta posible iniciativa legislativa que se plantea para los independentistas catalanes juzgados y condenados por el procés afectaría de lleno a la potestad juridisccional. "Obvio es que no todo lo prohibido expresamente está permitido", advirtió durante su discurso.

De hecho, Lorenzo Bragado recordó ante las autoridades políticas presentes en el acto que la Constitución de Weimar no prohibía las leyes habilitantes, haciendo referencia a la ley aprobada en 1933 que permitió ceder todo el poder legislativo a Adolf Hitler en la República de Weimar. "No puede hablarse de Estado de Derecho sin separación de poderes y sin respeto de las funciones que corresponden a cada uno de ellos", recalcó el magistrado.

Aprovechó la ocasión para defender la labor legislativa que desempeñan los jueces y los fiscales en España, resaltando que "no persiguen a nadie por sus ideas". En sus palabras, lo que se persigue, con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los hechos tipificados como delito en el Código Penal, que "se juzgan, por supuesto, con todas las garantías".

El magistrado advierte sobre la lentitud en las resoluciones judiciales por la huelga de letrados

El máximo exponente del TSJC apoyó en el discurso que ofreció este viernes lo manifestado una semana antes por el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que pronunció: "Los ilusionistas del Derecho van a aparecer de nuevo con sus arbitrios mágicos para convencernos de la bondad constitucional de la amnistía que, a mi juicio, los más prudentes cuestionan".

En el evento celebrado en el Palacio de la Justicia estuvo presente una nutrida representación de las principales autoridades civiles y militares de las Islas. Acudieron, entre otros, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

El magistrado puso de relieve un año más la influencia que tiene el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial en las distintas comunidades autónomas y específicamente en Canarias. El presidente del organismo autonómico se hizo eco de las palabras del presidente del Tribunal Supremo, que advirtió días atrás que esta circunstancia, acrecentada por unos efectivos mermados en más de un 30%, lleva a un desprestigio del poder judicial, a debilitarlo y a "desviar la atención pública de otras cuestiones". La Comisión Europea también señala que España no ha hecho "ningún avance" en la renovación del Consejo General ni en el nombramiento de sus vocales, teniendo en cuenta las normas europeas.

"Urge, pues, la renovación del Consejo, porque es una exigencia de la Unión Europea, porque afecta al Estado de Derecho y porque está perjudicando gravemente el funcionamiento del Poder Judicial", aseveró el magistrado. Lorenzo Bragado aseguró que, una vez se efectúe esta medida, también es necesario plantearse " la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acomodar el sistema de elección de los vocales judiciales a los referidos estándares europeos".

El organismo reclama la necesidad de más infraestructuras para atender al crecimiento de litigios

El presidente del TSJC también hizo énfasis en la problemática insular y en la necesidad de dotar a los órganos judiciales de más medios para hacer frente a la alta tasa de litigiosidad de Canarias, que es la más alta de España desde hace seis años. El líder del organismo ha puesto de relieve que, "pese a la dedicación y al alto rendimiento", los casos pendientes de resolución judicial crecieron un 11% en 2022, afectando a todas las jurisdicciones menos al Contencioso-Administrativo, y se han visto acrecentados en lo que va de año con las huelgas de letrados y funcionarios.

Los 211 órganos judiciales de las Islas registraron un 6% más de asuntos con respecto a 2021 y tuvieron que hacer frente a una tasa de 181 casos por cada 1.000 habitantes -40 más que la media estatal-, con especial incidencia en el orden civil. Pese a la necesidad de más medios para afrontar esta subida, el magistrado advierte que, de los cinco órganos judiciales que se crearon en 2022, solo dos han entrado en funcionamiento. "Constatamos, con preocupación, que la Administración no va a cumplir con la fecha comprometida para la entrada en funcionamiento de tres unidades judiciales, que era el 30 de septiembre", subrayó Lorenzo Bragado. En concreto, alude al Juzgado de Instrucción número cuatro y al Juzgado de Primera Instancia número seis de San Bartolomé de Tirajana y al Juzgado mixto número cinco de Granadilla de Abona.

Asímismo, la carga de trabajo supera con creces la media estatal. El magistrado puso de relieve que 124 órganos en Canarias superaron el 130% del módulo de entrada. "Especialmente preocupante es la situación de los juzgados civiles, con una media del 190%", enfatizó.

Para solventar esta problemática, el TSJC prioriza la creación de un mínimo de diez unidades judiciales, "aunque las cifras dan para muchas más". En concreto, piden tres juzgados en Las Palmas de Gran Canaria, uno en Telde, uno en Puerto del Rosario, dos en Santa Cruz de Tenerife, uno en La Laguna y otro en Granadilla de Abona. "Peticiones que, de verse satisfechas, no resolverían el problema de la pendencia, pero si contribuirían a paliarlo en buena medida", reclama Lorenzo Bragado.

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