Multa de 1.800 euros por negarse a abrir la barrera de un aparcamiento en Tenerife

Un trabajador de un aparcamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido condenado por la Audiencia Provincial por incumplir las órdenes de la policía local ante una situación de «grave» riesgo que tuvo lugar en diciembre de 2020 al negarse a abrir manualmente la barrera de salida, que se encontraba averiada, lo que produjo un atasco de vehículos en su interior.

Según la sentencia, en aquel momento se puso en peligro la salud de los numerosos usuarios por los gases acumulados ante la concentración de coches en el interior del aparcamiento al no funcionar la barrera de salida y negarse el operario a hacerlo manualmente como le pedía la policía.

Al encargado se le atribuye un delito de desobediencia grave a la autoridad y por ello el Juzgado de lo Penal le impuso en primera instancia una multa de 1.800 euros que ahora acaba de ser ratificada.

Los hechos

Aquel día se personaron en el parking dos policías locales, uno de los cuales aseguró que dio la orden al acusado de que levantara la valla para que pudieran salir los vehículos que estaban atascados, sin que la cumpliera.

Mientras, el otro agente se ponía en contacto con el centro de control desde donde «sistemáticamente» le remitían al operario al señalar que la apertura manual solamente podía hacerla el empleado del aparcamiento, «como parece lógico», indica el fallo.

Al final, cuando acabó la situación de riesgo, el procesado reconoció «espontáneamente» que no había querido despejar la salida porque era contrario a las normas internas de la empresa.

La sentencia considera probada «sobradamente» la gravedad de la situación producida hasta el punto de que el «preocupante» olor a gases de combustión era perceptible desde el exterior lo que había dado lugar a una situación «prácticamente irresoluble».

En plena post pandemia

Más grave aún dada la pasividad del operario y que, según el fallo, sólo se pudo superar con la actuación decidida de los agentes quienes vieron como el atasco provocaba la caducidad de los tickets de salida que tenían los conductores que no podían abrir la barrera.

La situación se vio aún más agravada al producirse cuando era obligatorio el uso de mascarillas por la pandemia y los ocupantes salían de los vehículos para poder respirar aire más fresco.

Finalmente, la policía tuvo que pedir a los conductores que pararan los motores y llegaron a reclamar la presencia de una dotación de bomberos para que rompieran la barrera a la fuerza.

La Audiencia concluye con que la orden emitida «incluía un mandato necesario cuyo cumplimiento resultaba fácil, escasamente costoso y no comportaba riesgo personal alguno para el operario o terceros«.

Uno de los agentes aseguró con firmeza y sin duda alguna ordenó de forma directa y clara al empleado que despejara la salida al detectar una situación de peligro para la seguridad de los ocupantes de los coches atascados y de las personas que empezaban a salir de los mismos.

Estos usuarios se mostraron angustiados por el fuerte olor a gases de escape de los motores por lo que el policía advirtió al operario que si no cumplía sus órdenes podía incurrir en un delito de desobediencia, tal y como ocurrió.

El procesado argumentó que no podía levantar la barrera porque era técnicamente imposible que él pudiera hacerlo, lo que era desmentido continuamente por los otros trabajadores con los que contactaron por medio de interfono.