Un total de 70 entidades sociales (integradas en tres redes de trabajo para la lucha contra la pobreza) solicitarán que la renta ciudadana -en la que ya trabaja el Gobierno canario- alcance al menos los 600 euros. Esta propuesta fue elaborada por los participantes que forman parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias), la Red Canaria de Entidades de Promoción en Inserción Socio-Laboral (Anagos) y la Asociación de Empresas de Inserción en Canarias Adeican (que colaboran juntas dentro del proyecto Integra en Redes 2019, financiado por el Gobierno de Canarias), tras coincidir en unas jornadas organizadas en la sede de la Fundación Yrichen. El evento tuvo como objetivo principal debatir sobre diferentes cuestiones que afectan a la hora de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han marcado para conseguir que derechos como la vivienda, la educación o el empleo estén al alcance de todos los ciudadanos en vistas a 2030.
"En las Islas todavía estamos en un camino muy inicial, a pesar de que solo nos quedan diez años para cumplir con todos los objetivos", expresó el vicepresidente de EAPN-Canarias, Fernando Rodríguez García, que también señaló que según los datos seis de cada diez canarios aseveran no llegar a fin de mes. Junto a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno regional, Noemí Santana; la concejala de Participación Ciudadana de Telde, Aurora Saavedra; y el presidente de la Fundación Yrichen, Jorge Hernández, inauguró este acto. "La renta ciudadana es una clara apuesta que hacemos en este gobierno y queremos hacer un proceso participado con los colectivos y movimientos sociales porque entendemos que son los que mejor conocen la realidad de Canarias; no solo ponen cifras y datos sobre la mesa sino que conocen los rostros de la gente que lo está pasando mal", sostuvo la consejera, añadiendo que el Gobierno regional tiene prevista la implantación de la renta a finales de 2020.
Los usuarios de estas asociaciones (un centenar de personas que asistieron de diferentes puntos del Archipiélago) se reunieron a principios de la jornada en varias mesas de trabajo dirigidas por los profesionales de las entidades para debatir sobre cuestiones como el empleo o la educación con el fin de alcanzar conclusiones en conjunto para transmitir al Ejecutivo regional.
De este modo, en el grupo conformado para poner sobre la mesa las necesidades que debe atender la renta canaria de ciudadanía se llegaron a dos conclusiones: la primera sostiene que esta prestación, una de las medidas estrella del Gobierno de Canarias, alcance los 600 euros (a la que deberían sumarse 300 euros más por cada nuevo miembro de la unidad familiar), mientras que la segunda expresa que la renta debe ser igual a la cantidad del sueldo mínimo interprofesional -900 euros al mes- y unos 150 euros más a partir del tercer miembro.
Por otro lado, una parte de los participantes expresaron sobre la duración de la prestación la necesidad de que se alargase hasta cuatro años con derecho a la renovación anual, que debería estar condicionada a la obligación del beneficiario a cumplir con ciertas actividades para favorecer la formación y el acceso al empleo. También se barajó la posibilidad de que esta ayuda fuese indefinida para los prestatarios hasta que cambiase la situación que la hubiera originado, y por unanimidad se solicitó que esta característica se aplicase siempre a los mayores de 45 años.
Finalmente propusieron que las personas que accediesen a la renta canaria de la ciudadanía pudieran complementar la ayuda con los sueldos de trabajos precarios que no alcanzasen la suma de la ayuda, así como ayudas de dependencia, la pensión no contributiva e incluso con subvenciones para el pago de los servicios básicos como el agua y la luz (esta última en caso de que se establezca en 600 euros la prestación).
Otros participantes del proyecto debatieron en mesas de desarrollo que tocaron temas como la educación, el acceso a la vivienda o al empleo. Entre estos grupos destacaron algunas propuestas como la construcción de más viviendas sociales en los municipios, exigir la calidad de estas viviendas para garantizar una residencia digna y con buenas condiciones de salubridad; así como la ejecución de medidas de accesibilidad y adaptación para personas con discapacidad en estos pisos. Los integrantes de estas mesas también elevaron su deseo de que se llevasen a cabo medidas para acabar con los empleos precarios y propusieron mejorar la inspección laboral a través de potenciar la investigación en el ámbito de trabajo, entre otras cuestiones.
