El ex interventor de Telde, Enrique Orts, vuelve al banquillo por prevaricar
El funcionario, que ya está jubilado, fue condenado ya por el caso Faycán
La fiscal le acusa de abonar 2,9 millones de los créditos ICO de forma irregular
El exinterventor del Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, que fue condenado por la Audiencia de Las Palmas en el denominado como "caso Faycán", Enrique Orts Herrera, volverá al banquillo de los acusados por un delito de prevaricación, según le achaca la Fiscalía.
Orts Herrera, que fue condenado en septiembre de 2018 por la Audiencia a un año y cuatro meses de prisión y nueve de inhabilitación por, entre otros delitos, prevaricación y cohecho, se enfrenta de nuevo a la Justicia acusado de irregularidades en la concesión de fondos públicos a una persona física y otra jurídica a sabiendas que no cumplían los requisitos para obtener ese dinero.
La Fiscalía solicita una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de doce años, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE. Se da la circunstancia de que Enrique Orts está jubilado desde principios de 2015.
Los hechos se remontan a diciembre del año 2012, cuando Orts, en calidad de interventor del Ayuntamiento de Telde, autorizó dos pagos por valor de 2.655.634 y 1.151.583 euros a un hombre de iniciales S. N. G. y sus herederos y a una empresa, respectivamente, en concepto de precio por expropiación de terreno por parte del Consistorio mediante unos fondos que no debían destinarse a tal fin.
Sin facturas y sin contrato
Y es que el crédito que le fue concedido al Ayuntamiento en virtud del Real Decreto Ley 4/2012 para el mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales se tenía que dedicar al pago de créditos que ya debían haber sido incluidos en relación certificada realizada por el propio interventor. Los fondos para esta materia con los que contaba el Ayuntamiento ascendían a 75 millones de euros.
El Ministerio Público entiende que Orts Herrera realizó estas certificaciones "a sabiendas de que esas deudas no podían incluirse en el Real Decreto Ley 4/2012 al no cumplirse dos de los tres requisitos establecidos para ello".
Por un lado, era necesario que las deudas que entraran dentro de este mecanismo inversor tuvieran facturas o solicitudes de pago equivalentes y, por el otro, debía tratarse de un contrato de obra, servicio o suministro incluido en su ámbito de aplicación.
El juicio para saber si autorizó los pagos consciente de que eran irregulares será en noviembre
Por todo ello, la Fiscalía considera que Orts Herrera ocasionó un perjuicio para el Ayuntamiento de Telde -denunciante del presente caso- y que su proceder constituye un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
El juicio en su contra está señalado para noviembre por el Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.
Cabe recordar que Enrique Orts solicitó su reincorporación al puesto de interventor del Ayuntamiento de Telde en 2008, después de haber sido detenido e imputado en el Caso Faycán, y se jubiló a principios de 2015.
Tres años después se conoció la sentencia de este proceso judicial en la que se le condenaba a un año y cuatro meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación, cohecho y contra el mercado y los consumidores, así como al pago de 25.094,18 euros.
El escrito de Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para cargos públicos y derecho de sufragio
El caso que ahora se investiga fue denunciado a finales de 2013 por uno de los grupos políticos que en ese momento se encontraban en la oposición en Telde, Más por Telde, que se retiró de la acusación particular en el mandato anterior.
Inicialmente, la formación liderada por Juan Francisco Artiles alertó sobre las presuntas irregularidades -poniendo en tela del juicio el pago de unos 25 millones de euros procedentes del Instituto de Crédito Oficial- al varias instancias del Gobierno de Canarias y del Estado. Sin embargo, más adelante optó por poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía haciéndoles llegar toda la documentación que había recabado acerca de los pagos a dos empresas (Aguas de Telde y una constructora) y a dos expropiados, una compañía y una familia.
El juicio anunciado por la Fiscalía para el mes de noviembre se centrará en una de las piezas separada en las que se dividió la denuncia presentada por Más por Telde en 2013. Concretamente, el pago a Reyal Urbis y a los herederos de S. N. Q. por expropiaciones y adquisición de terrenos por parte del Ayuntamiento teldense.
Otro de los pagos que Más por Telde puso en tela de juicio y que se investiga ene l Juzgado de Instrucción número 2 de Telde son los realizados a la empresa de Ambrosio Jiménez por la compra de un solar en La Mareta por 13,2 millones de euros.
Y por otro lado, a la empresa Aguas de Telde, a la que supuestamente se le pagaron facturas que estaban vencidas y el mantenimiento de los parques y jardines durante el tiempo que el servicio estuvo secuestrado por el Consistorio, a pesar de que habían convalidado gran parte de esa deuda con el dinero que debía la empresa a las arcas públicas. En concreto, a la empresa mixta se le abonaron 8,6 millones.
Sobre estas dos posibles irregularidades, aún no se conoce la postura de la Fiscalía.
Cabe recordar que el partido liderado por Juan Francisco Artiles denunció que además de las posibles irregularidades cometidas con estos cuatro pagos autorizados por el interventor, de la documentación recabada -más de cien folios- y puesta a disposición del Juzgado, puede desprenderse la comisión de presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación. | E.M.A.
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