El Gobierno de Canarias está revisando la normativa que regula el teletrabajo en la Administración Pública, aprobada durante la legislatura anterior con algunas dudas. Aunque el ejecutivo considera que el decreto es sólido en términos de requisitos y controles, admite que no se está cumpliendo como debería. Se destaca que el teletrabajo no es un derecho, sino una forma de organizar el trabajo para empresas públicas y privadas.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Seguridad, Nieves Lady Barreto, explica que para acceder al teletrabajo se requieren dos condiciones principales: un plan organizativo del servicio y un plan individualizado. Al asumir el cargo, encontraron falta de planes generales, incluso algunos que consistían en realizar 10 llamadas diarias sin saber si se llevaban a cabo. Se enfatiza la necesidad de cumplir estrictamente con el decreto, y se ha emitido una orden a todas las secretarías generales técnicas de la comunidad autónoma.
