Llueve sobre mojado: la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC anulando el concurso de adjudicación de las licencias de TDT regional por el Gobierno de Canarias, viene a sumarse a la primera sentencia, de hace algo más de un año, que también anuló la adjudicación realizada por el paulinato de las licencias de TDT en Tenerife.

El Gobierno recurrió en su día ante el Tribunal Supremo aquél primer varapalo de los tribunales a su voluntad de control mediático, y Paulino Rivero ya ha anunciado que recurrirá también esta, porque -según ha dicho- "las cosas se han hecho bien, con los soportes jurídicos adecuados". Justo lo contrario es la conclusión que recoge la sentencia, que considera "inadmisible" que el informe utilizado por la Mesa de Contratación para llevar a cabo las adjudicaciones "introduzca factores de valoración que no constan en el pliego de condiciones, careciendo por tanto el informe litigioso de la rigurosidad y objetividad que le era exigible". La sentencia, de la que ha sido ponente el juez Jaime Borrás, reitera todos los argumentos contra la adjudicación ya recogidos por la primera sentencia -la de adjudicación de las licencias de TDT en Tenerife-, de la que fue ponente el juez Javier Varona Gómez-Acedo.

Cuando está a punto de producirse la convocatoria para la adjudicación de las licencias de radio, último paso del Gobierno de Canarias para definir como dejará su mapa de empresas de información, la sentencia de la Sala no es sólo un asunto que afecte a la empresa denunciante, Prensa Canaria.

Tratándose de licencias para poder ejercer la actividad de comunicación, la sentencia afecta a derechos tan fundamentales como el de la libertad de información. Porque las TDT podrán -o no- llegar a ser en el futuro un buen negocio -hoy no lo son en absoluto-, pero son por encima de eso, la única forma en que podrá servirse a los ciudadanos información y otros contenidos televisivos, y por eso el proceso de adjudicación debió realizarse con extrema pulcritud y todas las garantías.

Las sospechas de favorecimiento a empresas amigas del Gobierno han sido reiteradamente denunciadas por la oposición parlamentaria, que ha acusado a Rivero -de él dependía en última instancia el control de las adjudicaciones- de haberse cargado el futuro del sector audiovisual en las Islas, cuando "prefirió amañar el concurso para adjudicárselo a los empresarios que consideraba le eran más afines" y poder así "perpetrar el único plan real que tiene el presidente Rivero, que es el de controlar los medios de comunicación públicos y privados del Archipiélago".

Con el nuevo recurso ante el Supremo, se dilata en el tiempo el final del proceso judicial que habrá de dirimir si las adjudicaciones fueron realizadas o no correctamente. El Gobierno no va a ceder aunque las dos primeras sentencias hayan dado rotundamente la razón a las demandantes Prensa Canaria y La Opinión de Tenerife, empresas perjudicadas por las adjudicaciones, y se esperen más fallos similares, porque hay más demandas basadas en la misma argumentación jurídica pendientes de sentencia.

Pero es que al Gobierno le viene muy bien ganar más tiempo: quizá ocurra que así no sea esta Administración la que tenga que hacer frente a las sentencias y sus consecuencias políticas, jurídicas y económicas. Porque si el Tribunal Supremo confirma -como es corriente que ocurra- las dos sentencias de la Sala y las que están al caer, lo que ocurrirá entonces será que el Gobierno deberá volver a convocar los concursos e indemnizar a los perjudicados por su trágala de las TDT, pero también a los beneficiados por la misma.

Se produciría entonces otra vez una absurda situación que se está convirtiendo en costumbre en estos últimos años: habrá que indemnizar con cantidades multimillonarias no sólo a las empresas dañadas en sus intereses por la decisión del Gobierno. También a las beneficiadas por esa misma decisión, las que ganaron entonces, y volverían a hacerlo en caso de ver sus licencias retiradas, pudiendo reclamar algún tipo de apaño o cuantiosas indemnizaciones que se pagarían nuevamente con dinero de todos los canarios.