La presión fiscal por habitante en Canarias se mantiene nueve puntos porcentuales por debajo de la media nacional, de tal forma que cada canario paga en impuestos unos 7.600 euros anuales mientras que la media española está situada en los 8.500 euros por habitante y la europea es de unos 10.000 euros. Esta es la menor diferencia fiscal entre el conjunto del Estado y Canarias habida hasta ahora debido a que en los últimos 25 años los impuestos han aumentado proporcionalmente más en las Islas que en España. Entre mediados de los años 80 y de la actual década la presión fiscal se incrementó cerca de 11 puntos porcentuales en el Archipiélago, mientras que a nivel nacional fue de 10,70 puntos.
Hay que remitirse necesariamente al Régimen Económico y Fiscal (REF) a la hora de explicar los motivos por los que Canarias soporta una carga fiscal menor. Por un lado, la renuncia que hace el Estado a recaudar el Impuesto de Sociedades para que los empresarios inviertan sus beneficios a través de la Reserva para Inversiones (RIC), incentivo fiscal que ha vivido años de esplendor gracias a la bonanza económica pero que ahora se encuentra en pleno retroceso por la crisis económica.
Pese a las ventajas fiscales de las que disfruta Canarias en relación con otras comunidades autónomas, el hecho es que la carga fiscal que soportan los canarios ha subido lenta e inexorablemente en las últimas décadas no sólo por la imposición proveniente del Estado y de la Comunidad Autónoma, sino también por la presión fiscal que ejercen los ayuntamientos a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las licencias de construcción, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el impuesto de circulación de vehículos. Cada canario pagaba de media a su ayuntamiento 318 euros en 2006, un año después esta cifra se incrementó hasta los 473 euros. Las singularidades fiscales de Canarias no entran en las competencias tributarias de las corporaciones locales, por lo que la presión fiscal municipal es similar a la media nacional.
