El Ejecutivo de Canarias aprobará hoy en su Consejo de Gobierno una reducción lineal del 5% del salario a partir del segundo semestre del año y una disminución de la paga extra de Navidad de los 62.000 empleados públicos de la comunidad autónoma, entre otras medidas para ahorrar 130 millones de euros. Mientras el Ejecutivo afirma que "no queda otro remedio para evitar despidos", los sindicatos rechazan las medidas por no haber sido negociadas y amenazan con iniciar movilizaciones.

Cuatro horas y media de reunión ayer en Santa Cruz de Tenerife concluyeron sin pacto entre los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria (IC) y Sepca con los representantes del Gobierno regional en la Mesa General de Función Pública. La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, insistió en que al pacto CC-PSOE no le "gusta poner estas medidas sobre la mesa", pero "el Gobierno central, de Mariano Rajoy, no nos deja otra salida, ya que Canarias recibirá este año 800 millones de euros menos de los presupuestos del Estado", justificó.

Rodríguez reiteró que la disminución del 5% del sueldo -que lleva dos años congelado- afecta a "todos los trabajadores, incluidos altos cargos", salvo el personal de la administración que gana menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (unos mil euros). "Es la medida más solidaria", se excusó la viceconsejera, que avanzó la retirada de la propuesta inicial de reducción de jornada y salario para el personal laboral no fijo, en tanto que podrían quedar "en exclusión social".

Rechazo frontal

El secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Bautista, resaltó que el encuentro fue "mucho peor" de lo que se esperaba por parte de los sindicatos. La situación cambió "radicalmente", ya que en la reunión del miércoles con el consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, no se barajó la posibilidad de reducción salarial del 5%. "La administración autónoma ya tiene anemia y si seguimos adelgazando nos vamos a quedar sin nada", señaló el dirigente de UGT, para quien "no se puede pedir un sobreesfuerzo más" a la plantilla de la comunidad.

El secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, que tachó de "dañina" la merma del 5% en las retribuciones de los empleados públicos, que se suma a la misma disminución aprobada por el anterior Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Además, el Ejecutivo regional prevé aprobar otras propuestas, tales como la disminución de complementos a la Policía Autonómica y al personal de Informática, la posibilidad de reducir la categoría profesional a funcionarios interinos de la administración general, la jubilación forzosa a los 65 años de edad.

Patricia Hernández, de IC, alertó de que se busca "desmantelar" los servicios públicos y acusó al Ejecutivo de actuar "a golpe de decretazo". Culpó al Gobierno regional de "destruir empleo" en los últimos años.