La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno central puede salvar la complicada situación de unas 10.000 viviendas en Canarias que se encuentran en el punto de mira de la piqueta por incumplir la actual normativa, vigente desde 1988. El deslinde realizado por Costas desde la orilla del mar hasta los 100 metros para catalogar el suelo público marítimo-terrestre ha provocado una amplia polémica en los últimos años ya que núcleos enteros de población corren peligro de ser derribados. En total son más de 150.000 las personas afectadas, que pleitean con la Administración y con la Justicia para evitar derribos como el de Cho Vito, en Tenerife.
Varios dirigentes del Gobierno central, entre ellos el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, han dejado entrever en los últimos meses que se revisará la Ley de Costas para facilitar la actividad económica y turística en el litoral, pero también para evitar las miles de demoliciones de viviendas a las que les condena la actual ley de 1988.
El deslinde con efecto retroactivo realizado por Costas en Canarias afecta a núcleos de población en todas las islas. En Gran Canaria están bajo la amenaza de la ley asentamientos como Tufia, Ojos de Garza, Hoya Pozuelo, El Altillo, El Puertillo, Quintanilla o San Felipe, entre otros. En Tenerife figuran, además de Cho Vito, núcleos como Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de las Bodegas, La Caleta o Punta Prieta. Se trata de barrios y pueblos enteros construidos algunos de ellos desde hace más de un siglo. Sobre ellos penden sentencias judiciales de derribo y recursos interpuestos por los afectados.
Protección
Una de las cuestiones que tendrá que resolver la nueva Ley de Costas será la protección de los núcleos residenciales estables asentados en el litoral frente a las infraviviendas, chabolas y edificaciones que han ido poblando las zonas costeras de las Islas de forma clandestina, muchas de ellas utilizadas para los fines de semana o vacaciones.
El derribo de Cho Vito en 2008 marcó un punto de inflexión en el endurecimiento de Costas a la hora de aplicar la ley y la lucha de los afectados para evitar las demoliciones de casas que se han quedado fuera de la legalidad como consecuencia del deslinde realizado por Costas.
El abogado que representa a los afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, mantuvo recientemente una entrevista con el director general de Costas del Gobierno central. Langa asegura que la intención del Ejecutivo central es evitar la "nefasta" aplicación de la ley de 1988, para ello el Ejecutivo modificará el criterio de los deslindes, que es lo que ha provocado la polémica en las que se han visto envueltas más de 10.000 viviendas en todas las Islas. Mientras se aprueba la nueva ley, Langa pide una moratoria para las casas que se encuentran inmersas en un expediente administrativo para que no se vean perjudicadas frente a otras a las que no les llegará la apertura de las diligencias de Costas una vez que se apruebe la nueva ley.
El borrador de la nueva ley se dará a conocer en las próximas semanas, según declaró hace unos días el director general de Costas, Pablo Saavedra.
