Evaluación del primer año de la ley turística

El Gobierno canario cede y abre la mano a los hoteles de cuatro estrellas

El Ejecutivo debate hoy una propuesta que permitirá la construcción de nuevos establecimientos vinculados a la eficiencia energética y servicios complementarios

25.09.2014 | 02:10

El Consejo de Gobierno debate en su reunión de hoy el alcance de las modificaciones a introducir en la ley turística. Paulino Rivero inicia así el trámite de mejora de la contestada norma, a partir del informe de evaluación que su equipo ha elaborado tras el primer año de aplicación. Para ello, ha mantenido a lo largo de estas semanas varias reuniones con diversos responsables turísticos del Ejecutivo, antes de tomar la decisión de presentar la evaluación junto a una propuesta que trata de flexibilizar algunos de los aspectos más polémicos de la ley pero sin desvirtuar los principios de la moratoria.

El principal cambio afecta a la limitación para la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas, mediante la fórmula de sustituir las categorías de estrellas por parámetros de calidad que se medirán, fundamentalmente, a través de dos criterios: la eficiencia energética y otros valores medioambientales, de una parte, y los servicios complementarios a prestar por el nuevo alojamiento turístico, de otra. La vinculación de este último criterio a la creación de empleo, por la vía de ampliar la contratación de personal para la prestación de una mayor oferta gastronómica, cultural, deportiva o de ocio, es la principal novedad de la propuesta que Rivero presenta sus socios de Gobierno, el PSC-PSOE.

Pese a que el Ejecutivo teme que el trámite parlamentario para introducir algunas mejoras abra de nuevo la caja de Pandora, el presidente del Gobierno ha optado por iniciar la revisión que se comprometió a presentar ante el Parlamento de Canarias. Los técnicos turísticos del Gobierno consideran, sin embargo, que un año es un tiempo excesivamente corto para medir el impacto de una ley de estas características y que, de entrar de nuevo en la Cámara regional, podría salir un texto con cambios sustanciales a través de enmiendas.

Pese al escaso tiempo transcurrido, el informe de evaluación del Gobierno considera no obstante que se han producido avances significativos en el proceso de renovación. Y ofrecen datos como el avance en los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM): seis en ejecución, dos en trámite y una docena en redacción; más de 250 proyectos concretos de renovación iniciados o previstos; 416 millones de inversión; 16.200 puestos de trabajo estimados y 35.000 plazas renovadas o en proceso de renovación.

Frente a estos datos, los empresarios esgrimen otras cifras, sobre todo por lo que respecta a Gran Canaria, la isla que se considera más perjudicada por los criterios restrictivos a la inversión: unos mil millones de euros de inversión bloqueados por la burocracia y la misma cantidad de empleo a crear que todos los PMM juntos -unos 15.000 puestos - si se diera luz verde a los proyectos ya diseñados y que esperan por las correspondientes licencias. Además, creen que los nuevos parámetros de calidad vinculados a la eficiencia medioambiental y los servicios complementarios que pretende introducir el Gobierno tampoco van a dar solución a este problema puesto que deja en manos de los técnicos de cada ayuntamiento la interpretación, más o menos flexible, de los criterios a aplicar para considerar si un nuevo alojamiento cumple o no con los estándares de calidad: "La misma arbitrariedad que hasta ahora", puntualizan.

Batalla insular

El punto de partida de cada isla, las distintas circunstancias turísticas que tienen unas y otras -La Palma, La Gomera y El Hierro se rigen por otra norma-, sigue siendo el principal escollo para consensuar una planificación regional. De ahí que al igual que Gran Canaria presiona para que se le permita ampliar hasta en 30.000 nuevas camas de cuatro estrellas, Tenerife ha vuelto a reaccionar advirtiendo a Rivero que mantenga la ley turística en sus términos actuales. El caso es que esa isla lleva tres lustros recibiendo un millón de turistas más al año que Gran Canaria, desde que a mediados de los años ochenta ampliara considerablemente sus camas de cuatro y cinco estrellas, el producto más demandado por el mercado, hasta el punto que en la actualidad a Tenerife apenas le queda suelo ya clasificado como turístico por construir frente al que Gran Canaria sigue disponiendo.

El derecho a desarrollar nuevos proyectos en ese espacio ya calificado, sin consumir más suelo, es la gran batalla que mantiene a los inversores grancanarios en guerra contra la ley turística aprobada en mayo de 2013.

Además de la presión de los empresarios en uno y otro sentido (la federación de la provincia de Las Palmas en contra y Ashotel, el empresariado tinerfeño, a favor de limitar la construcción a los hoteles de cinco estrellas) y, sobre todo, del Cabildo de Gran Canaria y del Estado (que la he recurrido al Constitucional), también existen discrepancias en el seno del Gobierno y de Coalición Canaria. En el PSC-PSOE, hasta ahora firme aliado de la tesis que esgrime Rivero en el sentido de que para impulsar la renovación es necesario frenar -o al menos ralentizar- la nueva construcción, ha mostrado ahora su disposición a realizar cambios en la normativa.

Una evaluación que debe poner en evidencia, por ejemplo, si el denominado banco de camas -un registro de las plazas hoteleras sobrantes por los incentivos a la renovación que los empresarios pueden reubicar en otros espacios o vender a terceros- puede cumplir el objetivo que se marcó, ya que en estos quince primeros meses de la ley se ha manifestado como un mecanismo insuficiente.

Tampoco se ha aprobado en el plazo de un año que estipula la propia ley, el reglamento de desarrollo de la norma, para concretar la regulación de figuras tan novedosas como los Informes Técnicos Turísticos (ITT). Es la denominada ITV turística, que han de pasar todos los alojamientos e infraestructuras con más de diez años de antigüedad en el plazo de dos, desde su entrada en vigor. Para su correcto funcionamiento hay que acreditar además a determinadas entidades para realizar dichos informes y facilitar el control gubernamental, pero sólo se han desarrollo experiencias piloto cuando restan solo nueves mes para que concluya dicho plazo.

Este es el escenario económico y político en el que el presidente del Gobierno de Canarias trata de sacar adelante su propuesta de mejora de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y que tiene previsto introducir en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy para no retrasar aún más la evaluación a la que se comprometió en el Parlamento.

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