El juez César Romero Pamparacuatro ha dinamitado la carrera política de Fernando Clavijo, el alcalde de San Cristóbal de La Laguna y aspirante por Coalición Canaria a presidir el Gobierno de Canarias tras las elecciones regionales de mayo de 2015. A seis meses de la celebración de los comicios el polémico juez -instructor del caso Unión, un macroproceso vinculado a la corrupción de empresarios y políticos en Lanzarote- levantó ayer el secreto del sumario de una investigación abierta en 2010 a raíz de una denuncia de la Fiscalía que ha concluido con la imputación de cuatro delitos contra Clavijo: prevaricación, falsedad de documento público, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Aún es pronto para calcular los efectos que la imputación judicial supone para la carrera política de Fernando Clavijo, que desde el año 2010 tuvo pinchado por orden judicial su teléfono. Por de pronto, y en una convocatoria de urgencia, se ha citado para el sábado a los miembros del máximo órgano de dirección de Coalición para escuchar las explicaciones del líder nacionalista tinerfeño y número uno de la lista a las autonómicas. A corto plazo queda todo pendiente de las aclaraciones de Clavijo a sus compañeros.
El futuro político de Clavijo es incierto y dependerá tanto de la cohesión interna en CC como del desarrollo de las investigaciones judiciales, la presión de la opinión pública y el hostigamiento de PP y PSOE, aspirantes ambos a gobernar Canarias en coalición con los nacionalistas. Clavijo se mantuvo ayer firme en su propósito de continuar su carrera política pese a la sacudida que supone un caso que se intentó parar, pero que continuó tras una suspensión decretada a raíz de una recusación que solventó la Audiencia Provincial a favor de Pamparacuatro. "No temo por mi futuro político", declaró ayer . "Ya he sido imputado en otras dos ocasiones y se demostró al final mi inocencia. Este es un momento delicado, del que espero que todo se aclare lo antes posible".
En el caso que afecta a Clavijo están otros diez imputados: una concejal de Coalición, Blanca Pérez, otra del PSOE, María José el exjefe de la Policía Local de La Laguna, Juan José Díaz, el presidente de la Comisión de Seguimiento de Las Chumberas y personal de confianza del alcade, Ricardo González, y una decena de funcionarios del ayuntamiento vinculados con las ayudas a un barrio degradado -Las Chumberas-, la concesión de una licencia para la apertura de una cafetería, irregularidades con los expedientes de disciplina turística de la zona de ocio de la ciudad -el Cuadrilátero- y la colocación de personal en la principal concesionaria municipal, Urbaser.
Todod ellos han sido imoputados en tres causas separadas del caso Corredor, que en 2012 propició ya la detención de 18 personas, entre ellas el abogado Evaristo González, por sus negocios con locales de ocio del municipio.
Las causas se sustentan en gran medida en las escuchas telefónicas realizadas a Clavijo por orden del juez Pamparacuatro -titular del juzgado de instrucción nº1 de La Laguna- desde 2010. Según apuntó el alcalde ayer, el "pinchazo lleva ya cuatro años".
Por su parte, la socialista María José Castañeda y Ricardo González se enfrentan a acusaciones de fraude en el cobro de subvenciones como realojados de Las Chumberas; en tanto que la concejal Blanca Pérez que durante el periodo investigado estuvo al frente de la empresa municipal de vivienda, Muvisa, rehusó ayer aclarar los cargos que pesan sobre ella al término del pleno municipal.
Z 'Enchufe' para un sobrino
En la causa por tráfico de influencias, el auto judicial detalla que Clavijo, ejerciendo ya como máxima autoridad del Ayuntamiento, intermedió ante Urbaser, empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos del municipio, para que contratara al sobrino de un conocido. Para ello, Fernando Clavijo supuestamente llama a alguien vinculado a la empresa y esta persona resulta contratada.
El documento subraya que Urbaser es "probablemente" la compañía con el mayor contrato que tiene el ayuntamiento presidido por Clavijo y recuerda que dada su condición de "máximo responsable de la institución contratante" podía influir en los concursos públicos de los servicios de Urbaser. "Sin dicha intervención puede que la contratación laboral bajo investigación pudiera no haber sido realizada", explica el juez.
Z Subvenciones a políticos con rentas altas
La concesión de ayudas de alquiler para el realojo de los vecinos de Las Chumberas sin tener en cuenta las rentas de los beneficiarios es lo que investiga la justicia en la pieza referida al barrio. En concreto, son dos los expedientes que se investigan.
El primer imputado es Ricardo González, que además de presidente de la Comisión de Seguimiento de la Aluminosis, fue en las listas nacionalistas de las municipales de 2011 en el puesto 17, representando al CCN. Las dos reestructuraciones que hizo Clavijo de su equipo durante el presente mandato lo han dejado a las puertas de integrarse en el Gobierno municipal. No obstante, desde agosto de 2011 trabaja en el ayuntamiento como personal de confianza adscrito al área de Medio Ambiente.
Según detalla el auto, González solicitó el realojo de su vivienda de Las Chumberas en el bloque 12 aunque "solamente tenía afectado el cuarto de baño" y a pesar de que para solucionar su problema "bastaba con la colocación de cuatro puntales". Sin embargo, enfatiza el juez, "el perjudicado quería abandonar esa vivienda e irse a otra de alquiler.
Z De los puntales a las peatonales
Según obra en el auto, Ricardo González se mudó a la calle La Carrera, una de las peatonales más cotizadas del casco histórico. Para pagar el alquiler recibió una ayuda del ayuntamiento en 2011 de 6.175 euros.
Pamparacuatro cree que "es preciso determinar" si Blanca Pérez, en su calidad de concejal del área, siguió las órdenes o recomendación aparentemente emitida por Clavijo dado que "estratégicamente les convenía" acceder a los deseos de González, tal vez pensando en su calidad de líder vecinal.
La investigación revela que presuntamente Clavijo y Blanca Pérez influyeron para que la empresa municipal de vivienda Muvisa y el área de Urbanismo dieran el visto bueno. Lo hicieron aún cuando existía una resolución de la Gerencia de Urbanismo, de mayo de 2010, que ordenaba a la comunidad del bloque 12, en el que vivía González, que se hicieran unas obras de apuntalamiento en su cuarto de baño.
Además, en julio de ese año, los técnicos municipales hicieron una inspección en el piso en la que diagnosticaron "la ausencia de daños aparentes". Pese a estos informes, las subvenciones le fueron concedidas, según los datos, del auto entre 2010 y 2011.
Z Informe social
En el expediente elaborado por los trabajadores sociales de Muvisa consta que Ricardo González recibió una ayuda de emergencia social de 1.425 euros a pesar de que sus ingresos excedían en más de 17.881 euros el máximo estipulado en las bases. Asimismo, el informe que realiza la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) añade que en ningún momento los técnicos municipales declararon la necesidad del desalojo del piso de Ricardo González. "Por ende, su realojo se puede considerar que se hace precisamente por el principio de oportunidad política o el mero hecho de gratificar unas conductas que se consideran apropiadas", recalca el juez Pamparacuatro, ocasionando "una quiebra del principio de igualdad de los vecinos del barrio de Las Chumberas afectados por la aluminosis", que en su mayoría son personas mayores y desempleados.
Z Locuaz y alegre
Según la transcripción de una escucha telefónica, el 2 de agosto de 2010 Ricardo González llamó a Fernando Clavijo y tras hacerle partícipe de su "locuaz y alegre" estado de ánimo por el lugar en el que se ubica su nuevo domicilio, que es al menos en parte subvencionado por las ayudas públicas, el alcalde le insta a que "ahora solo falta que te afilies ya".
Estos hechos pueden ser constitutivos de de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Z Similar modus operandi
Según los indicios de la investigación, realojo de la concejal del área de Cultura, María José Castañeda, ha seguido un modus operandi similar al de González. Cuando la socialista fue realojada del bloque 1 de Las Chumberas, en 2010, estaba en la oposición. En su caso tampoco hay ningún documento técnico que avale la necesidad de que abandonada su vivienda y realojo urgente. Lo único que certificó la Gerencia de Urbanismo en su apartamento fue "una simple patología constructiva consistente en dos nervios abombados que era preciso apuntalar".
Castañeda al igual que González cobró la ayuda de emergencia social de 1.425 euros. Además, la UDEF señala que en junio de 2011, cuando la ayuda para el alquiler ascendía a 4.500 euros, su unidad familiar tenía ingresos que superaban en 28.766 euros las bases económicas para su concesión.
La intervención de los teléfonos ha dejado constancia de una conversación mantenida entre Clavijo, Castañeda y otra persona el 20 de septiembre de 2010 en la que le advierten del "carácter delictivo" de la subvención a la concejal. Ella misma manifiesta incluso que "los tres pueden incurrir en un delito de prevaricación".
Z "Caradura"
En esa misma conversación entre Clavijo, Castañeda y una tercera persona sin identificar llaman "caradura" a Ricardo González, que ya disfrutaba del piso de alquiler en La Carrera.
Además, uno de ellos pregunta al alcalde sobre cómo justificar la ayuda social cuando cobra 3.000 euros a lo que él responde que es mejor hablar "con los papeles delante". No obstante, esa misma noche Clavijo recibe otra llamada en la que "le propone lo que ella misma tilda como prevaricador" explicando que para poder cobrarlas, las ayudas no deben establecer ningún e limitaciones de ingresos a los beneficiarios.
El alcalde da el visto bueno afirmando que le parece perfecto. "Le salvamos la vida y nos salvamos el culo".
Z El origen, en el Cuadrilátero
La investigación de Pamparacuatro en el ayuntamiento de La Laguna arranca en 2010. El Ministerio Fiscal sospecha entonces del fraudulento seguimiento que se le está realizando de los horarios de cierre de determinados locales de ocio nocturno de la zona conocida como el Cuadrilátero. "Se obvia deliberadamente la adopción de medidas que garantizasen el cumplimiento del horario de cierre", explica el auto judicial.
Este es el mismo caso que, en 2012, motivó el registro de las sede de Urbanismo y Muvisa y llevó a la prisión al abogado Evaristo G.R, propietario de varios locales en esa zona. De este caso deriva, además, la imputación del exsubcomisario retirado de la Policía Local de La Laguna, Juan José Díaz.
También aparece en este punto un caso en el que, también supuestamente, el alcalde lagunero intercedió para que se le concediera una licencia de apertura en el barrio de La Cuesta a un empresario que es, además, presidente de una asociación de vecinos. "La licencia de apertura se le concede a su titular a pesar del incumplimiento de la normativa técnica y que no fueron a verificar los técnicos municipales las deficiencias apreciadas en primera instancia y de cuya subsanación dependía la concesión de la licencia de apertura", explica el juez encargado del caso.
Sobre esta acusación, Fernando Clavijo aseguró ayer que son casos que ocurrieron cuando él ya no era concejal de Urbanismo y "las licencias e informes" están impecables y no hay nada más que buscar.
