El Círculo de Empresarios de Gran Canaria reclamó ayer a los grupos del Parlamento regional que eliminen del proyecto de la Ley del Suelo de Canarias la existencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) y de cualquier otro órgano que "herede" sus funciones, en referencia al órgano colegiado autonómico que se creará para emitir informes preceptivos y vinculantes sobre las competencias de la Comunidad Autónoma que queden afectadas por los planeamientos municipales e insulares.
El lobby empresarial de la Isla aseguró que "no resulta deseable la existencia de organismos herederos de la Cotmac, que puedan servir para paralizar la actividad" económica y reclamó "su derogación definitiva". El Círculo rechaza así que siga existiendo en Canarias un organismo autonómico que tenga el poder de emitir "informes preceptivos y vinculantes" sobre los planes insulares y municipales en la nueva ley del suelo, como se expone en el proyecto enviado al Parlamento regional.
No obstante, indica que "aún es pronto para conocer el alcance de ese organismo, y si va a servir como su antecesor para perpetuar un modelo basado en frenar numerosos proyectos empresariales y el desarrollo de las Islas con un uso interesado en demasiadas ocasiones".
Ganar agilidad
El Círculo de Empresarios, que preside Mario Romero Mur, adelanta que, en su opinión, "es necesario acabar con este tipo de organismos", sean la Cotmac o sus posibles "herederos", con capacidad "para paralizar la actividad" e insta al Gobierno que preside Fernando Clavijo a que oriente la ley a este objetivo: "suprimir trabas y ganar agilidad para crear economía y empleo". También se dirige a los distintos grupos parlamentarios, ahora que la Ley del Suelo se debatirá a partir de septiembre en la Cámara canaria, para que en el trámite parlamentario la norma experimente un avance determinante, para lograr así un texto que dé a Canarias "la posibilidad de avanzar por la senda de la economía".
"Basta con un análisis histórico para ver que la Cotmac se ha usado para frenar el desarrollo de determinadas islas o sectores. A veces se ha hecho en línea con lo que defendía un cabildo determinado, pero otras veces se ha usado en contra de sus intereses", aseguró el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y miembro del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara. Mario Romero Mur y Oliver Alonso, del grupo Domingo Alonso, destacaron que Canarias no se puede permitir el lujo de cancelar proyectos que van a generar inversión, desarrollo y, sobre todo, empleo con más de un 27,3% de paro.
Otros miembros, como Fernando del Castillo, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Gran Canaria, reclama un texto legal que ponga "fin al fracaso total que ha supuesto el actual entorno urbanístico territorial" así como a una mayor "simplificación, concreción y claridad" tanto del proceso como de sus tramitaciones.
