El consulado honorario de Rusia en las Islas sale en defensa de sus compatriotas. La oficina diplomática ha presentado dos quejas ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que las eleve al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de identificar al magistrado que en septiembre de 2016 tildó de "mafiosos" a los rusos en una conversación grabada por el juez Salvador Alba con tres compañeros de la Audiencia de Las Palmas, en la que también se escucha a algunos de sus interlocutores afirmar que "las rumanas son todas putas". El TSJC ha hecho caso omiso hasta ahora.
El consulado intentó personarse en diciembre en el procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria, que investiga las grabaciones efectuadas por Alba a un abogado y a sus compañeros en la Audiencia. La delegación diplomática solicitó personarse para averiguar qué magistrado llamó "mafiosos" a los rusos jóvenes y a los italianos del sur.
Sin embargo, el juez Rafael Passaro denegó en una providencia tal petición porque los hechos "no son objeto de investigación en el procedimiento, máxime cuando se refieren a un magistrado en el ejercicio de sus funciones". Por ello, planteó al consulado la posibilidad de interponer una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC o acudir a la vía disciplinaria ante el CGPJ.
A raíz de ello, el cónsul honorario, Gonzalo Parada, registró una queja el 26 de enero ante la Sala de Gobierno del TSJC y el CGPJ, tras la divulgación de los audios en noviembre. La conversación la grabó Alba en el office del tribunal sin que lo supieran los tres magistrados presentes: Carlos Vielba, José Luis Goizueta y Emilio Moya. Salvador Alba aportó dicha grabación al Juzgado número 2 como prueba para demostrar supuestas presiones de compañeros por su disputa judicial con el empresario Miguel Ángel Ramírez. El consulado quiere identificar la voz del magistrado de la Sección Sexta que realiza declaraciones "con tinte xenófobo". Una parte de la charla publicada:
Magistrado 1: Yo estoy acojonado en el colegio. En el colegio hay rusos. Entra un ruso y tiene una pinta de mafioso... Jovencito.
Magistrado 2: Habrá de todo, joder, en Rusia.
Magistrado 1: En Rusia sí, pero fuera de Rusia y jovencitos, unos mafiosos. Y todos los italianos del sur, todos, mafiosos, todos, de Roma para abajo.
El consulado eslavo quiere saber quién es ese magistrado e incluso ha reclamado que se cite como testigo a Salvador Alba para esclarecer lo sucedido. En cambio, dos meses después aún no ha obtenido ninguna respuesta del TSJC, que guarda silencio. De ahí que el 13 de marzo presentó un segundo escrito para solicitar que se dé impulso procesal a este expediente, del que se desconoce si se ha llevado a cabo alguna actuación. El Tribunal calla.
"En aras de limpiar la imagen de esta institución -la Justicia-, se debe conocer qué magistrado realizó los comentarios xenófobos, con el fin de poderlo recusar en aquellos procedimientos en los que participe de alguna manera, a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial", apunta el escrito.
"No podemos permitir que esto quede en el cajón del olvido", aseguró José Antonio Penichet, el letrado que representa al consulado y que ve necesario conocer el nombre para poderlo recusar en las causas en las que están implicados ciudadanos de origen ruso, en caso de que el magistrado no se abstenga si forma parte de un órgano colegiado o bien unipersonal en algún proceso.
El principal objetivo de las quejas del consulado es que "no se cometan injusticias con los ciudadanos rusos y no se repitan este tipo de incidentes", además de dejar en manos del CGPJ las medidas disciplinarias que considere oportunas.
Asimismo, Penichet estima que este tipo de manifestaciones generan "inseguridad jurídica" en un contexto en el que la economía canaria busca captar inversores rusos.
El abogado de la representación diplomática en el Archipiélago resaltó la importancia cada vez mayor de la población rusa en esta Comunidad Autónoma, sobre todo en Costa Adeje, al sur de Tenerife, y en Gran Canaria, donde hay intereses empresariales, especialmente en el Puerto de La Luz.
"El hecho de que un magistrado haga este tipo de comentarios no ayuda a la seguridad jurídica de un empresario que quiera implantar sus negocios aquí", apostilló José Antonio Penichet.
Con estas acciones, el consulado trata de proteger a sus nacionales "con todas las garantías" y evitar que sufran "indefensión".
Más si cabe cuando creen que el magistrado que profirió las frases xenófobas ha intervenido en recursos presentados por tres miembros de la familia hispano-rusa Kokorev, que permanecen encarcelados desde hace año y medio en el centro de Juan Grande, en Gran Canaria, por ejercer supuestamente de testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con quien tenían negocios.
El consulado no entra en el fondo de este asunto, sino que su misión es "velar desde el punto de vista humanitario" porque sus conciudadanos "estén bien". En esta línea, el abogado trasladó el grave estado del patriarca Vladimir Kokorev, de 65 años y en prisión provisional. Penichet opina que una vez que ya se levantó el secreto de sumario y teniendo en cuenta los problemas de salud de Kokorev "no tiene sentido que siga en prisión preventiva".
