La nueva mayoría parlamentaria de CC, el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) apoyó ayer sin fisuras la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias en el Parlamento regional, que nace con el respaldo de los 33 diputados que suman estas tres fuerzas políticas de los sesenta que conforman la Cámara, y el rechazo de los restantes parlamentarios del PSOE, Nueva Canarias y Podemos. La norma estrella de Clavijo entrará en vigor el 1 de septiembre.
Los dos bloques políticos en los que se ha dividido el Parlamento por esta ley mantuvieron ayer sus respectivas tesis que han venido defendiendo durante la ponencia parlamentaria que analizó el proyecto legislativo. Los nacionalistas, populares y gomeros consideran que es vital para simplificar el entramado de normas territoriales existentes en Canarias, va a promover la actividad económica y generar empleo, además de que mantiene la protección de los espacios naturales y del suelo rústico y favorece el desarrollo del sector primario.
Tanto el PSOE como Nueva Canarias (NC) reconocieron que están de acuerdo con la mayoría de los artículos de esta ley -más de 450 contando con las disposiciones-, pero mantuvieron las discrepancias en los puntos más polémicos, como, entre otros, el escaso papel de la Cotmac o la aprobación monofásica de los planeamientos, por lo que se opusieron a apoyar la norma en su totalidad. A juicio de ambos partidos y de Podemos- que es la formación más reacia a la Ley del Suelo-, la nueva norma es "desarrollista" y abre "las puertas traseras a la especulación de los más poderosos" a través de los proyectos insulares y autonómicos. Además, las tres formaciones criticaron la falta de consenso en la elaboración de este texto, que, no obstante, aprobó el PSOE cuando estaba en el Gobierno nacionalista.
Rifirrafes
Los rifirrafes se iniciaron durante la mañana cuando el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, contestaba a una pregunta en la sesión plenaria del portavoz de NC, Román Rodríguez, sobre si esta ley va a acabar con la corrupción. Rodríguez criticó que Clavijo vinculara en días anteriores la corrupción a saltarse la maraña de leyes territoriales que rigen las Islas. "La culpa de la corrupción la tienen los corruptos y no la leyes", espetó el dirigente de NC.
El presidente garantizó que "la gestión urbanística en Canarias será más transparente, más democrática y más segura jurídicamente con la nueva Ley del Suelo", y va a poner "luz y claridad al lío urbanístico" actual que, según Clavijo, contribuyó a crear Román Rodríguez en su etapa como presidente del Gobierno (1999-2003). "No puede ser que proyectos de más de diez años no salgan adelante o que la Cotmac apruebe planeamientos que son tumbados sistemáticamente en los tribunales una y otra vez", enfatizó Clavijo.
Minutos antes, la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, de la que forman parte los tres grupos políticos que se oponen a la norma, además de sindicatos, colegios profesionales y organismos como la Fundación César Manrique, anunció fuera del hemiciclo que va a promover un recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley del Suelo, y la denunciará en Bruselas ante la Dirección General de Medio Ambiente y en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
"Es la primera vez en la historia de la autonomía de Canarias, en la democracia, que se aprueba una ley de ordenación del territorio rompiendo la tradición de unanimidad", señaló el portavoz de la plataforma, el representante sindical de CC OO, Antonio Pérez, palabras que repitieron la portavoz del PSOE, Nayra Alemán, la de Podemos, Concepción Monzón, y el de NC, Luis Campos, en sus intervenciones en el debate posterior, y quienes insistieron que estas tres formaciones tienen 67.000 votos más que CC, PP y ASG y, por tanto, la ley nace sin consenso social y participativo.
De hecho, amenazaron que su intención es revertir la norma si, tras las elecciones de 2019, se dan nuevas mayorías. Según Nayra Alemán "se ha perdido una oportunidad de oro para regular el territorio" y el Gobierno "no ha estado a la altura" para buscar el consenso. Para Concepción Monzón, la norma está hecha a "medida de los grandes propietarios del suelo". "Que no engañen a la gente con que esta ley es la panacea de la creación de puestos de trabajo pues no esa así", recalcó.
Luis Campos consideró que esta norma "rompe el proyecto común de Canarias al debilitar el papel de los ayuntamientos" y tachó a Clavijo como "el primer presidente canario que aprueba una ley tan nuclear, sin consenso y con una mayoría pírrica de 33 diputados frente a 27".
En el grupo que apoyan la norma, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, defendió a capa y espada la ley y señaló que es "mentira que favorece el ladrillo y el cemento como si una especie de barra libre se tratara". El dirigente del PP, Miguel Jorge Blanco, destacó que ha sido una ley "participativa" y evita las "rigideces del sistema territorial actual", y José Miguel Ruano (CC) la tildó de "buenísima" porque simplifica y protege el territorio.
