Miles de cabras y ovejas salvajes amenazan la biodiversidad de Canarias. El Gobierno regional justifica la caza de estos animales de producción asilvestrados porque rompen el equilibrio ecológico y, de hecho, se han convertido ya en un problema de primer orden en varias islas, fundamentalmente en La Gomera y Tenerife. El Ejecutivo defiende el proyecto de decreto que ha elaborado y, tras la alarma social suscitada, niega que la norma permita cazar vacas, cerdos, caballos y burros abandonados o perdidos por el campo. En primer lugar porque "no los hay", aducen desde la administración, que insiste en que no existe esta coyuntura en el Archipiélago, sino que el conflicto se centra en las cabras y ovejas fuera de control.
El proyecto de decreto, redactado por la Viceconsejería de Medio Ambiente, considera piezas de caza mayor a los animales de producción asilvestrados, "pertenecientes al orden de los artiodáctilos [cabras, cerdos, vacas...] y de los perisodáctilos [burros y caballos, por ejemplo], que no dependiendo del hombre para su subsistencia se hallaren libres en el medio natural sobre terrenos susceptibles de aprovechamiento cinegético y que carezcan de identificación o signo aparente de dominio o posesión por una persona".
El texto ha concitado la oposición de las organizaciones defensoras de los animales, que reclaman medidas alternativas. "La bárbara solución del tiro en la cabeza de estos animales los lleva a considerarlos como material orgánico desechable", lamentó el coordinador de la Red Canaria Solidaria contra la Crueldad Animal, Abel Román.
Igualmente, las asociaciones de cazadores han criticado la propuesta del Ejecutivo y se posicionan en contra de que estos animales salvajes se declaren especies cinegéticas.
No obstante, el Ejecutivo alegó ayer que "parece que se va a abrir la veda para matar todo lo que esté suelto y que no esté identificado, pero no es así", afirmó la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, que achaca la polémica generada a que "quizás ha habido una confusión al interpretar la norma". Explicó que con este proyecto de decreto se amplían las especies que son objeto de aprovechamiento cinegético, al incluir los animales de producción asilvestrados como piezas de caza mayor. El texto desarrolla la normativa que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, entre las que se encuentran los animales de producción salvajes.
El rango de definiciones que recoge el proyecto de decreto se ajusta a la Ley estatal de Sanidad Animal, que sí incluye esos animales pero en Canarias "no hay burros, ni caballos, ni cerdos sueltos", señaló Armas, quien detalló que luego en la orden general de veda se especificarán las especies. Dicha orden se aprueba anualmente una vez oídos los consejos insulares de caza, que están adscritos al Consejo de Caza de Canarias y son órganos asesores de los cabildos. De ahí emana la orden anual, donde se recogen las circunstancias especiales de caza de cada isla.
Armas adujo que en los últimos años la proliferación de cabras y ovejas salvajes se ha convertido en un grave problema, tanto desde el punto de vista económico por los daños que ocasionan a agricultores y ganaderos y, sobre todo, desde el punto de vista medioambiental, al afectar a la biodiversidad en espacios naturales y lugares enmarcados en la Red Natura 2000.
Este fenómeno se da sobre todo en La Gomera y en los parques rurales de Anaga y Teno en Tenerife.
El Gobierno reconoce que ha ejecutado varias acciones para erradicar las cabras y ovejas salvajes, pero no ha sido suficiente, ya que no tienen depredadores naturales y se reproducen fuera de control. De ahí que defiende la conservación del ecosistema. Para ello el decreto prevé como métodos de caza la batida, el rececho y la apañada, modalidad cinegética consistente en capturar en vivo a los animales de producción asilvestrados para encerrarlos, con ayuda o no de perros, en un corral o recinto.
Con su postura, el Gobierno se alinea con la tesis del Cabildo de Gran Canaria sobre la necesidad de erradicar las cabras salvajes. De hecho, hace una semana la Unión Europea concedió a la institución insular una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2018 para acabar con el ganado que campa por la Reserva Natural Especial de Güigüi, en La Aldea, o, de lo contrario, le exigirá la devolución de los 400.000 euros que ha invertido en la reforestación de este espacio a través del proyecto Life Guguy. Si bien al principio se permitían abatidas, el Cabildo dejará de matar a las cabras asilvestradas después de que la Comisión Europea haya aceptado el plan alternativo presentado por la corporación para retirar con la apañada al ganado guanil que pone en peligro los endemismos de Gran Canaria.
