Un graduado social opina que es "un parche", un abogado la tacha de "demolición de las conquistas laborales", y un juez considera que parte de una situación de "hipocresía". Los expertos consultados por LA PROVINCIA/DLP no sólo censuran la reforma laboral aprobada por el Gobierno, sino que vaticinan una "avalancha de demandas" en los juzgados por las "facilidades concedidas" al empresario para echar a sus trabajadores, entre ellas el abaratamiento del despido improcedente y la indeterminación de las causas objetivas para cesar la relación laboral.

Se trata de un concepto jurídico "ambiguo" que amenaza con poner los juzgados al rojo vivo, pues la nueva ley no determina cuáles son esas causas, su interpretación queda a criterio del juez y para las empresas bastará con acreditar "mínimamente" sus dificultades económicas. Y es que la reforma laboral, en fase de presentación de enmiendas en el Congreso, "no servirá para crear más empleo, reducir la tasa de temporalidad ni aminorar la crisis económica". Esas son las conclusiones principales que arroja un debate celebrado con tres profesionales de la jurisdicción Social: el juez José Juan Ramos Campodarve, el letrado laboralista Joaquín Sagaseta, y el presidente del colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, José Dámaso Artiles.

Sin embargo, como en todo debate a tres voces, esas conclusiones admiten matices. La primera llega por parte del representante de los graduados sociales. "Podrá haber un aumento de pleitos, pero será puntual y relacionado con empresarios que carezcan de liquidez. No creo que el grueso del tejido empresarial encubra despidos improcedentes como objetivos", conjetura José Dámaso.

En cambio, Sagaseta pronostica una situación totalmente contraria. "Hace un mes que se aprobó el decreto y ya hay una cascada de despidos por causas objetivas a trabajadores con contratos antiguos". ¿El motivo? El empresario se ahorra los 45 días de indemnización por año trabajado y paga sólo 20, de los cuales ocho son sufragados por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo. A juicio del letrado laboralista, ése es uno de los aspectos más polémicos de la reforma.

El otro aspecto más controvertido es la entrada en vigor de un nuevo contrato que busca fomentar el empleo estable, pero que rebaja la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado.

"La empresas quieren cepillarse las plantillas a precio de ganga, porque la nueve ley abarata el coste de un comportamiento ilícito que se va a multiplicar con esta reforma", añade Sagaseta. El abogado explica que los trabajadores antiguos serán los primeros damnificados por la vía del despido objetivo, y los empresarios recurrirán después al nuevo contrato para cubrir las plazas, pues en ambos casos se reduce considerablemente el finiquito a pagar por la extinción de la actividad laboral.

El juez Ramos Campodarve también tiene una opinión similar. "La reforma parte de una situación de hipocresía, porque no se abarata el despido, sino el despido improcedente". Y añade que las empresas recurrirán a esa figura para deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad. Eso se traducirá en una "avalancha de demandas que ya existe", pero las "aguas volverán pronto a su cauce". ¿Cuándo?

Quizá la normalidad llegue cuando los tribunales superiores y el Supremo se pronuncien sobre las primeras sentencias, ya que los expertos pronostican una "granizada" de recursos. En ese contexto, serán las Salas de los tribunales las que unifiquen criterios y delimiten la nueva frontera del despido procedente e improcedente, esto es, las causas legales por las que se puede echar a un empleado a la calle. ¿Pero es una garantía o un problema para el trabajador dejar esa decisión en manos del juez, que ve así aumentado su poder de discrecionalidad?

Campodarve se muestra "cauto", entre otros motivos porque la reforma puede cambiar con las enmiendas presentadas en el Congreso. Sí se lanzan a opinar el abogado y el presidente de los graduados sociales, aunque en sentido opuesto. "Cualquier desrregulación favorece al más fuerte y eso aumenta la indefensión. Antes la carga de la prueba la soportaba el empresario y ahora han dejado al trabajador con el culo al aire", agrega Sagaseta. "Sí, pero esa práctica de prueba era demoníaca", replica Dámaso. Y concluye: "Lo único positivo de la reforma es que habrá más seguridad jurídica en los despidos objetivos".