El Gobierno regional ultima un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que significa el despido inminente de hasta 83 trabajadores, la mitad de la plantilla conformada por unas 170 personas. Todo apunta a que el consejo de administración de la empresa pública abordó ayer la reducción de personal, según los sindicatos, que alertan de que este "recorte brutal" al ITC conlleva el "tiro de gracia a la I+D [Investigación más Desarrollo] en el Archipiélago".
Así lo avisó el presidente del Comité Intercentros, Héctor Mendoza, que acudió parcialmente a la reunión, a la que fue invitado después de casi un semestre de "silencio absoluto" por parte de la dirección de la entidad. Mendoza sólo pudo estar presente en la primera parte, sobre asuntos económicos, mientras que en la segunda, de cuestiones "laborales", fue instado a salir en virtud de unas "justificaciones jurídicas" que no terminó de entender. Antes de partir solicitó a la consejera regional de Empleo, Industria y Comercio y presidenta del ITC, Francisca Luengo, la promesa verbal de no autorizar el ERE. "Ella no fue capaz de contraer ese compromiso, así que blanco y en botella...", lamentó el dirigente sindical.
La titular de Industria, del PSC-PSOE, eludió hacer declaraciones a este periódico y se limitó a contestar que el ERE "va por otras vías de procedimiento de la legislación laboral". "Esto tiene que ser un tema de buena fe y bilateral con los representantes de los trabajadores y no puedo unilateralmente como empresa decir nada", se excusó.
El Comité Intercentros considera que, tal como estaba configurada la cita de ayer, "todo indica que se iba a aprobar" la disminución de empleados, pues participaron los asesores jurídicos y económicos externos al ITC, contratados para "elaborar el ERE".
Extinción
La mercantil baraja varios escenarios. El "mejor" de ellos sería la destrucción de 30 puestos, es decir uno de cada cuatro integrantes de la plantilla se quedaría en la calle. El otro supuesto afectaría a un máximo de 83 trabajadores, que sería uno de cada dos actuales. Sea un ámbito u otro "prácticamente constituye la extinción operativa de esta empresa, un centro de investigación donde el elemento esencial es el personal", apostilló Mendoza, que incidió: "Aquí no fabricamos tornillos ni yogures, sino hacemos investigación, y, si no hay gente, entonces las máquinas no funcionan".
Las organizaciones sindicales vaticinan que los despidos perjudicarán a técnicos y personal de administración, entre otros, de manera indiscriminada, sin regirse por criterios de rentabilidad, eficacia y productividad. Además, "nada garantiza" que los que se queden tengan garantizada su plaza.
La legislación actual permite unas condiciones favorables para que la empresa autorice un ERE. Lo determinante para que salga adelante es la voluntad política, según voces sindicales. Una vez aprobada la operación, la entidad tiene que informar a la autoridad competente y abrir 30 días de negociación con los portavoces de los trabajadores.
Como cualquier compañía pública su viabilidad depende de las cuentas del Ejecutivo autonómico. En esta línea, el ITC, dirigido por Antonio López Gulías y con gran parte de su infraestructura en la provincia oriental, es la única que ha sufrido los dos últimos años un recorte del 70% en su partida hasta quedarse con un presupuesto de dos millones de euros para 2013.
La cúpula directiva sostiene que el plan de viabilidad es "intocable", mientras que en otros entes públicos sí se ha retocado o se han realizados ampliaciones de créditos para favorecer a ciertas empresas, como Proexca y Promotur, que "curiosamente tienen su núcleo de dependencia orgánica en Coalición Canaria o en Tenerife", resaltó Mendoza. De todo el sector público empresarial de la Comunidad Autónoma, el ITC es la única en manos del PSC-PSOE.
Los sindicatos cuestionan que mientras la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), depende de Presidencia del Gobierno, el ITC no. En este sentido, señalan que "todas las empresas y organismos vinculados a sectores estratégicos, como el turismo y la innovación" están bajo el poder de Paulino Rivero, con el fin de "protegerlas o garantizar su control político".
