Los sindicatos UGT y CC OO de Canarias lamentaron ayer los duros requisitos contemplados por el Gobierno central a los parados de larga duración y sin cobertura de desempleo para poder acceder a la ayuda de 426 euros del Programa de Activación del Empleo, pero reclamaron al tiempo medidas adicionales al Gobierno de Canarias y a la consejera de Empelo, Francisca Luengo, en el marco de la concertación social para paliar la situación de ese colectivo a atacar las bolsas de pobreza en las Islas.
El coordinador de la dirección provisional de CCOO, Antonio Pérez, afirmó ayer que "lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es presionar al Ministerio para flexibilizar los requisitos y hacer lo que esté en su mano para paliar esta situación a los parados de larga duración en Canarias". Gustavo Santana, secretario general de UGT en Canarias, añadía en el mismo sentido que "la consejera puede buscar otro tipo de herramientas para tender las necesidades de estas personas y actuar sobre las bolsa de pobreza en Canarias".
En relación con la ayuda a parados, Pérez cree que el Gobierno central "ha planteado una medida que en sus enunciados afecta a un buen número de parados de larga duración, pero que en la reglamentación pone condicionantes que desvirtúa ese objetivo, con unos requisitos muy cicateros".
"Primero contempla una ayuda y luego parece que trata de impedir que se materialice. El Gobierno está haciendo gestos publicitarios, pero luego trata de impedir que la ayuda llegue a la gente", resalta el representante de CC OO. Según él, el requisito que tiene que desaparecer es el de haber consumido prestaciones anteriores, o en todo caso, "que la Administración le proporcione otra ayuda". "La carga la pone el decreto en el usuario, se está cambiando la manera de entender la solicitud. Es un galimatías que hace imposible que se puedan cumplir todos los requisitos", subraya el sindicalista
Gustavo Santana, por su lado, denuncia que Luengo haya hecho público unos datos que no ha ofrecido a los sindicatos en el marco del diálogo social, pero resalta que "si estos impedimentos son ciertos habrá que buscar soluciones en el ámbito de Canarias, estableciendo ayudas también desde el gobierno regional". Reconoce que el decreto establecer criterios "que hace inaccesibles las ayudas para un número muy importante de parados", y señala que "si hay que denunciar que estas ayudas no llegan a muchas personas, hagámoslo pero en el marco de la concertación social y exigir que desaparezcan estas trabas".
