La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Las comunidades de vecinos vaticinan el fracaso de los planes de rehabilitación

Los administradores de fincas piden que se amplíe a tres meses el plazo para optar a las ayudas

Trabajos de rehabilitación en un edificio de Vegueta. ANDRÉS CRUZ

Los dos colegios de administradores de fincas de Canarias reclamaron esta semana al Gobierno autonómico una ampliación a tres meses el plazo para optar a las ayudas de rehabilitación de edificios residenciales, ya que consideran "excesivamente corto" el periodo de quince días hábiles concedido para cumplimentar un "trámite burocrático complejo".

"Todos los administradores están muy enfadados, porque piden una documentación engorrosa y es imposible en tan poco tiempo, muchos compañeros ya tiraron la toalla", destacó ayer la presidenta del colegio de Las Palmas, Rosario Molina, que auguró el fracaso del plan de rehabilitación. Los recursos administrativos presentados por las entidades profesionales de las dos provincias canarias se sumaron a la queja interpuesta, también esta semana, por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, que ya calificó en su momento como "un dislate, una burla al sentido común y el colmo de la inoperancia" la convocatoria publicada el 7 de septiembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Sin embargo, Molina no confió ayer en obtener una respuesta positiva a la ampliación del plazo por parte del Instituto Canario de la Vivienda, después de la ausencia de contestación a los diversos recursos presentados el pasado año contra una resolución similar. Fuentes del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife recordaron la prórroga otorgada en una convocatoria análoga por la Junta de Andalucía a instancias de sus colegas del sur peninsular.

Precisamente, desde la entidad tinerfeña lamentaron que el director general de Vivienda, José Gregorio Pérez, no atendiera las solicitudes planteadas en una reunión mantenida el pasado mayo. "Contrariamente a lo que se comprueba ahora, el responsable de Vivienda se comprometió a realizar un documento de solicitud más ágil, con menos trabas a la hora de cumplir los requisitos para el acceso a las ayudas", criticaron mediante una nota de prensa los administradores de fincas de Santa Cruz de Tenerife, colectivo presididos por Carmen Suárez.

Desde la patronal constructora oriental también se quejaron la pasada semana de la nula respuesta administrativa a sus ofertas de colaboración para tramitar las subvenciones, incluida "la creación de una eficiente y carísima herramienta digital". Para optar a las ayudas por un importe total de 1,8 millones de euros, las comunidades de propietarios y sus agrupaciones o los dueños únicos de edificios deben presentar un informe de evaluación, redactar un proyecto de obras, visar la documentación correspondiente y solicitar la licencia municipal, entre otros requisitos enumerados en el BOC, además de lograr la autorización del 70% de los titulares de las viviendas del inmueble.

Según cálculos del colegio tinerfeño de administradores de fincas, los gastos para presentar la "ingente" documentación rondan los 2.500 euros, sin garantías de obtener la cuantía necesaria o alguna ayuda.

Tal panorama desanima a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas, pese a la numerosa demanda para rehabilitar edificios existente en el Archipiélago. Canarias cuenta, según Molina, con alrededor de 600 administradores, que pueden gestionar cada uno más de medio centenar de comunidades en total y representar a una decena pendientes de reformas.

"Yo voy a intentar presentar dos solicitudes, aunque no están muy avanzadas, pero tengo diez comunidades más con necesidades para las que no dispongo de tiempo material, necesitaría seis meses más", ilustró la presidenta del Colegio de Las Palmas antes de recordar la demanda existente, por ejemplo, en zonas de la capital grancanaria como La Isleta, Mesa y López o Escaleritas, con edificios construidos durante la segunda mitad del siglo pasado.

Para los colegios de las dos provincias canarias, la última convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales publicada en el BOC "no parece diseñada para favorecer a los inmuebles privados", sino "para unos pocos, y en particular para el parque público de viviendas", en referencia a la empresa autonómica Visocan.

Compartir el artículo

stats