El pleno del Cabildo de Gran Canaria denunció ayer el desequilibrio en la distribución de las ayudas de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias para la dinamización de las zonas comerciales abiertas. El plan para los años 2010 a 2013 destina a las zonas comerciales abiertas de Tenerife 5,385 millones de euros, mientras que Gran Canaria obtiene una aportación de 4,630 millones, 755.155 euros menos.

La consejera de Comercio e Industria del Cabildo, Inés Jiménez, criticó que "el desequilibrio es de un 20%", por lo que propuso al consejero de Coalición Canaria, Fernando Bañolas -compañero de partido del titular de la Consejería regional de Comercio- que apoyara la moción que elevó al pleno sobre la necesidad de potenciar la zona comercial abierta del área del Puerto y Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, si incorporaba a ella una denuncia sobre el desequilibrio en la distribución de los fondos y la exigencia de que se revisen los criterios de distribución de los fondos del programa y se equilibren las aportaciones a las dos islas.

"Esa diferencia de 755.155 euros podría valer para hacer una inversión conjunta en el área comercial Puerto-Las Canteras", señaló Jiménez. El portavoz del Grupo Mixto, Fernando Bañolas (CC), aceptó la propuesta de exigir a Comercio el mismo trato para Gran Canaria y Tenerife. El portavoz del PP, Carlos Sánchez, se sumó y se manifestó "en contra de cualquier desequilibrio".

Sin embargo, el grupo de gobierno (PSOE-NC) rechazó otra moción del PP que pedía la suspensión de la actuación de la Dirección General de Costas que conlleva el derribo de viviendas y comercios costeros de Guía, Moya, Arucas, Telde y San Bartolomé. El consejero del PP, Hipólito Suárez, pidió garantizar la permanencia y la seguridad jurídica de quienes habitan o desempeñan una actividad en las áreas costeras que tengan un valor etnográfico, arquitectónico o económico. Igualmente, pedía la suspensión de la acción ejecutiva de la Dirección General de Costas contra estas áreas mientras permanezcan abiertas causas en los tribunales de justicia.

El consejero de Política Territorial, Emilio Mayoral, justificó el rechazo del grupo de gobierno porque la moción "parece invitar a la prevaricación". "La moción es demagógica y oportunista, porque ahora se ejecutan los expedientes abiertos por el Gobierno de Aznar", dijo. Emilio Mayoral criticó al Partido Popular. "Si hay algo con valor etnográfico, no entendemos los motivos por los que el Gobierno de Canarias no ha abierto todavía ningún expediente para reconocerlo", declaró el consejero de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria.