"Podemos llegar a la conclusión de que Adela Martín Hinojal fue víctima de una violencia psíquica diaria y pública que erosionó su dignidad". Con esta contundencia resume la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC la actitud mostrada por el gobierno de Pepa Luzardo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra una trabajadora con cerca de 20 años de servicio. El fallo condena al Consistorio a indemnizar con 12.000 euros a la demandante, que estuvo durante varios ejercicios en su puesto de trabajo sin que le fuera asignada tarea alguna acorde con su categoría. Un caso de mobbing en toda regla.
Adela Martín Hinojal prestó sus servicios desde 1993 hasta 2002 en el Consejo Municipal de Cultura, pero el gobierno del PP decidió trasladarla a Patrimonio por "necesidades del servicio". Posteriormente, la trabajadora recurrió la decisión ante la Justicia y recuperó su puesto de trabajo, pero según denunció ante la Sala fue sometida a un verdadero calvario, calificado por su abogado, Joaquín Sagaseta, como un "humillante estado de ociosidad, marginalidad y degradación profesional y personal".
La magistrada Cristina Páez considera probado que "se agredieron derechos fundamentales de la persona, básicamente su integridad moral", en una actuación que se prolongó durante casi todo el mandato de Pepa Luzardo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuando la Sala se dirigió al consistorio para que detallara el trabajo que realizaba la demandante, la respuesta fue "tareas puntuales relacionadas con la biblioteca", algo que para la magistrada "no es bastante para alejar la certeza de lesión constitucional. Esa vaguedad en la respuesta ha sido muy significativa porque evidencia las interminables horas de condena al ocio más alienante del que se quejaba constantemente la apelante ante sus compañeros de trabajo".
El fallo obliga al Ayuntamiento capitalino a indemnizar a la trabajadora con 12.000 euros.
