El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro emitió un auto el pasado 16 de marzo, por el que se obliga al Ayuntamiento de la capital grancanaria a entregar a la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria (ATLP) toda la documentación relativa a las inspecciones que ha realizado la institución en relación con las irregularidades existentes en la explotación de las licencias, desde que denunciaron a los floteros en 2007. Este auto viene a confirmar otro similar de enero de 2010, tras ser rechazado un recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento, que se había negado a facilitar la información desde hace dos años.
La asociación, que presentó en 2008 un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, por "no investigar" las irregularidades del taxi, solicitó a la administración local las inspecciones realizadas, para demostrar al juez que no se había hecho nada. El Ayuntamiento se negó, amparándose en la Ley de protección de datos, pero el juez ha vuelto a darle la razón a los asalariados, explicó ayer su representante legal, Alejandro Arencibia, del bufete De León Rivas Val y Asociados.
El edil de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, aseguró desconocer el auto, pero añadió que "si lo solicita el juzgado, se entregará la documentación". Según Dumpiérrez, "ahora que ha concluido la investigación", que se inició hace casi un año, "no hay problema en dar la información".
