Las diferentes administraciones estrechan el cerco en torno a los implicados en la explotación irregular de las licencias de taxis. Ahora es la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social la que ha iniciado los pasos para abrir expedientes y sancionar a los titulares de licencias que han sido arrendadas a floteros.
La Inspección ha solicitado a la Agencia Tributaria que le aporte toda la documentación sobre los veinte floteros y titulares de las más de 200 licencias investigadas por fraude fiscal, para aplicar las correspondientes sanciones por cesión ilegal de trabajadores. "Lo importante para nosotros es acreditar que el titular del taxi no está ejerciendo las funciones inherentes a su condición de empresario" porque ese papel lo está desempeñando de manera irregular un flotero, señalaron las fuentes de la Inspección, que añadieron: "Vamos a dejar que Hacienda haga su trabajo y luego intervendremos nosotros".
Este órgano dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social impuso en diciembre de 2011 un total de 152 sanciones, tras detectar irregularidades en la explotación de 78 licencias de taxis investigadas. Las sanciones impuestas a los titulares -en su mayoría viudas de antiguos titulares y jubilados- y a los floteros que las explotaban no llegaron a aplicarse, recordaron las fuentes de la Inspección, porque los sancionados recurrieron y el proceso se paralizó tras la anulación por parte del juez de las pruebas.
En total, el montante de las sanciones incoadas hace dos años por cesión irregular de trabajadores ascendió a 950.152 euros, que la Inspección no ha podido cobrar aún. Trabajo participó en la investigación a cuatro bandas que impulsó la Fiscalía de Delitos Económicos en 2010 contra los floteros, junto a la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de la capital grancanaria, y que se saldó con tres patrones detenidos y un flotero imputado por un delito de fraude fiscal, proceso que finalmente fue archivado.
Batida
En la segunda batida que inició en 2012 la Fiscalía no han participado ni la Inspección de Trabajo ni el Ayuntamiento, y en la investigación en marcha sólo ha estado implicada la Agencia Tributaria y el juzgado de Instrucción número 8, que de momento ha procesado a siete floteros por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y contra los derechos de los trabajadores. Además, otros 13 patrones están siendo investigados por infracciones fiscales.
Las fuentes confirmaron que la Inspección optó por paralizar en los últimos meses varios expedientes sancionadores a floteros y titulares de licencias de taxis, a los que se detectó irregularidades en otros controles ordinarios, tras la petición cursada por los inspectores de Hacienda, que temían que estas actuaciones alertaran a los arrendadores sobre el operativo que saltó a la luz el pasado martes con la redada efectuada en diez sedes de cooperativas, gestorías y domicilios de supuestos implicados.
Responsables de la Inspección de Trabajo aseguraron que la colaboración iniciada el pasado año con el Ayuntamiento en torno a los controles policiales a taxis para detectar la presencia de asalariados sin contrato han sido "efectivos".
El Ayuntamiento remite, según informó el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Sabroso, toda la información obtenida en los controles a la Seguridad Social para que sancione a los que incumplen la normativa. Los controles, explicaron, se han dirigido a detectar faltas de alta en la Seguridad Social y control del cumplimiento de la regulación del contrato a tiempo parcial.
La Inspección de Trabajo colabora también con el Cabildo de Gran Canaria, mediante la remisión por parte de la institución de boletines de denuncia de la Guardia Civil y visitas conjuntas con los inspectores de transporte.
