El Comité Popular que promueve la recuperación para la ciudadanía de la Casa del Niño de Zárate ha logrado que el Cabildo de Gran Canaria haya otorgado al inmueble de Miguel Martín-Fernández de la Torre la máxima protección urbanística como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento. Es decir, en estos momentos y a falta de la convalidación por parte del Gobierno regional, el edificio, abandonado y gravemente deteriorado desde el año 1991, tiene el mismo grado de protección que la Catedral, por ejemplo. Para los miembros del colectivo se trata de un "paso fundamental" para blindar el uso público de las instalaciones, que quieren convertir en un centro sociocultural para los vecinos del Cono Sur.
Aunque el expediente administrativo se inició a finales de los años 90 del siglo pasado, hasta la llegada de la actual Corporación insular no se había finalizado. "Antonio Morales ha sido el único que se ha reunido con nosotros, de hecho nos hemos visto con él en dos ocasiones", señaló Carmelo Suárez, miembro del Comité Popular. "Desde el momento en el que se comienza la tramitación, la ley establece que el edificio está protegido", aclaró el arquitecto.
Sin embargo, en la práctica no ha sido así. El inmueble sufre importantes desperfectos y ninguno de los patronos se ha hecho cargo de su mantenimiento. Y es que el edificio, que es uno de los exponentes más puros de la arquitectura racionalista de Miguel Martín-Fernández de la Torre en el ámbito público, ha estado sometido a la inacción de las administraciones, sus propietarias junto al Obispado de la Diócesis de Canarias. Siempre que ha sucedido algún incidente en este espacio, las instituciones se han desentendido del asunto, alegando que no es de su competencia. El Patronato Fundación Casa del Niño es el dueño del complejo y fue creado en 1939, no solo con las administraciones locales y nacionales, más el Obispado, sino con organizaciones franquistas como la Sección Femenina. Cuando en los años 80 se produce la transferencia de competencias, los propietarios pasan a ser la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de la capital y el Obispado.
El colectivo que se ha puesto manos a la obra para recuperar este espacio de 20.000 metros cuadrados asegura que, aunque son muchos los propietarios, es el Ayuntamiento el que tiene que aplicar la Ley de Patrimonio Histórico y sancionar a los dueños por no mantener en condiciones el espacio que se cae a trozos y se ha convertido en un lugar frecuentado por personas sin recursos que buscan refugio. "La Ley establece que los propietarios de un bien de estas características, que ha sufrido abandono y está en malas condiciones, están sujetos a una multa correspondiente a cuatro veces el valor de lo dañado", reveló Suárez, que se queja de que hace más de un año se presentó en el Consistorio capitalino una denuncia para que los responsables municipales sancionaran a los titulares y no se ha llevado a cabo ninguna medida.
"Ha existido una desidia por parte del Ayuntamiento y una absoluta dejación de sus funciones", agregó Suárez, que asegura que el colectivo no ha sido recibido por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, a pesar de haberlo solicitado. Incluso afirma que se les contestó que el expediente del edificio se habría traspapelado. El concejal de LPGC Puede aseguró ayer que no ha recibido ninguna petición por parte de los vecinos, pero les animó a que presenten "un proyecto sólido" y que si es valorado positivamente, él se compromete a "buscar el dinero". Aseguró que el Obispado ha mostrado toda su predisposición a que el complejo sea utilizado por los vecinos del Cono Sur, "siempre que se rehabilite y se conserve la capilla que forma parte de las instalaciones".
El también teniente de alcalde se mostró cauteloso por la catalogación como BIC, por si más tarde se ponen frenos a la conversión del centro. Suárez, sin embargo, se mostró tranquilo en ese sentido, puesto que en el Plan urbanístico de la ciudad el edificio consta como para uso social y cultural.
Sobre el expediente y la posible caducidad de los plazos para las sanciones, Doreste argumentó que la falta de personal provoca incidencias de este tipo, muy a su pesar.
