Leo con una mezcla de asombro y desencanto que el alcalde de Agüimes me acuse de mentir.

Entenderá el lector que ha seguido el debate (que el mandatario municipal ha preferido hacer en los medios), que me veo en la obligación de responder y puntualizar algunas de las muchas acusaciones que hace en su último artículo.

En primer lugar, llama la atención el tono claramente personal y la falta de argumentos técnicos que justifiquen sus afirmaciones. Cuando uno solo lee argumentos políticos, poco puede hacer para debatir con rigor. Aún así, lo intentaré.

Dice usted que introducimos el gas a través de las Directrices de Ordenación Sectorial de Energía (DOSE) que estamos tramitando. Y no dice, a sabiendas, que la introducción del gas como forma de diversificación energética tiene fecha y responsable: año 2003 con las directrices de ordenación general y y del turismo. Léalo en la Directriz 35. El padre del gas tiene nombre y apellidos, y no precisamente esta consejera ni en el actual 2014.

Cuando llegue el momento ya debatiremos -no en los medios- acerca de las ventajas del gas y de la necesidad de sustituir el sistema actual de generar energía solo y exclusivamente a partir del petróleo. Debería usted saber que en estos momentos 300 millones de euros (150 en Tenerife y 150 en Gran Canaria) se queman por las chimeneas de Juan Grande y Granadilla, las dos grandes centrales, dinero que estaría mucho mejor invertido en la sanidad, en la educación o en dependencia. Esta es mi ideología y la dirección de mi política energética.

Se refiere usted en su artículo al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y, con argumentos políticos, dice que yo quise "echarle el cerrojo". Sabe perfectamente que es todo lo contrario, pero de nuevo -a sabiendas- oculta que en el año 92 siendo Secretaria General Técnica firmé la creación del ITC y lo vi nacer, y he conseguido siendo consejera, que no se tuviera que cerrar y no dejarlo morir. Fíjese las circunstancias de la vida. Lo que necesita el ITC son ingresos porque tiene un déficit en la actualidad muy difícil de solventar. La pregunta es, ¿cuánto ha contribuido Agüimes a enjugar ese déficit? Que yo sepa, cero euros, sin embargo alardea usted de defenderlo más que yo.

Uno de los argumentos que mantiene para defender el concurso en la adjudicación de parques eólicos es que se va a producir una "reventa" con el sistema de autorización administrativa que preparo. ¿Pero es que acaso el concurso que solo usted defiende lo evita? Claro que no.

Además, debo recordarle al alcalde que, como consejera, mi deber es tomar decisiones, aunque a él no le gusten o no le beneficien. Porque mi único interés es el general. Es decir, si técnica, política y jurídicamente se pudiera ejecutar su propuesta, tenga por seguro que la tendría en cuenta, lo que ocurre es que no se puede. Y le explico enseguida por qué es imposible reservar un cupo del 50% para las corporaciones locales. Y que conste que ni personalizo, ni le ataco, ni polemizo, como usted quiere hacer creer.

La Ley del Sector Eléctrico hecha por el PP en 2013 señala que la prima a las renovables se hará por un sistema de concurrencia competitiva -subasta-, que después ratificará otra ley específica para Canarias de octubre de 2013. Ahora se prepara una Orden que fija la tarifa para Canarias en 84mgw/h y que aún no está publicada, la cual establece en su capítulo III el modelo de subasta. Es decir, solo los parques del concurso eólico de 2007 tendrán esta prima y un cupo. Los del futuro irán a la mencionada subasta y se adjudicará la potencia a los postores públicos o privados que ofrezcan la tarifa eléctrica más barata.

A pesar de que estas leyes las hace el PP, y no el Gobierno de Canarias, no he leído ningún artículo suyo de protesta, y con el mismo tono con que se dirige a mí, reclamando el cupo que usted pide a quien ya ha dejado claro que no habrá tal cupo: el ministro Soria.

Ni en una sola ocasión menciona usted a quienes han sido responsables de las dos mayores estocadas casi de muerte a estas energías en las Islas. Solo se centra en mi persona, cuando sabe muy bien que el borrador de decreto para dejar atrás los concursos eólicos es solo la parte administrativa que, dentro de nuestras competencias, podemos ejercer para facilitar la introducción de las renovables en Canarias.

Ya vamos llegando al quid de la cuestión que usted reclama y que no ha querido aflorar abiertamente: el 9% de ese impuesto al viento que usted va a cobrar. Ese impuesto al viento que usted defiende y que yo no, pero respeto. Ese 9% estaba en las bases del concurso de 2007, que no se pueden alterar, y fíjese si he respetado ese impuesto que me ha llevado varias reuniones en el Ministerio de Industria para que la tarifa de 84 euros mgw/h lo recogiera, ya que en ninguna otra zona de España se cobra.

Ahora bien, en el nuevo procedimiento que sí diseño yo no voy a establecer un impuesto al viento; sí podemos trabajar en un canon social, se podría estudiar, pero para que repercuta en beneficio de todos los ciudadanos de Gran Canaria, vivan en un municipio con viento o no. Porque la práctica es clara: ese 9% de beneficio solo lo percibirán los que tienen viento y albergan los parques del concurso de 2007, y que son Agüimes, Santa Lucía, Telde y uno el Cabildo de Gran Canaria, la zona del sureste. Ningún ayuntamiento de las medianías o del norte de la Isla disfrutará de este beneficio.

Si me pongo en su lugar, puedo entender su reclamación, pero como miembro del Gobierno de Canarias, defiendo el interés general. Esta es la verdad que nos separa a usted y a mí.

(*) Consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias