El presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero Baute, se halla deshojando su propia margarita en la disyuntiva de repetir nuevamente como presidente de todos los canarios por algo inesperado y sobrevenido: le ha salido un competidor, a lo que parece con bastantes posibilidades de moverle la silla. Se trata del alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, pues cuenta -es lo que él dice- con los pesos pesados de la importante y omnipresente Asociación Tinerfeña de Independientes (ATI). Esto, al final ya se sabe como funciona: el que tiene la lata del gofio es quien manda; así que pelillos a la mar, dirá el presi para sus adentros. Pero lo que no admite discusión, por lo incontrovertible del caso, es que lo que se disputan es continuar cortando el bacalao en nuestra Comunidad, dando por descontado que el Gobierno de Canarias les pertenece, que es de su propiedad por mor de un amañado sistema electoral que da al voto de un habitante de las islas menos pobladas el mismo valor que el de 14 votantes juntos de las islas capitalinas. Pónganse como se pongan los del PP y el PSC, a éstos no les caerán sino las migajas del banquete de la llamada fiesta de la democracia, tal y como ha venido sucediendo a lo largo de los últimos años; y el síntoma, la prisa que se dan en CC para aclarar quién será el próximo candidato y, por descontado, presidente electo, frente al escaso interés de populares y socialistas, que dan por hecho que lo de ocupar la presidencia es cosa que no va con ellos, algo que no cuenta en sus agendas, por lo que ya se verá con calma, un trámite rutinario que habrá de hacerse en su momento y porque no queda más remedio. Esta es la impresión que dan, y así es de triste la historia política nuestra.
Pero lo más grave es que todos han contribuido para que los canarios tengamos tan lamentable pseudodemocracia. Tanto el PP como el PSC, cuando ambos son claros partidos más votados, ¿por qué no retocaron la Ley electoral introduciendo la lista regional? Hoy nadie discute lo injusto que es el sistema electoral vigente, por el que se van 50.000 votos directos a la papelera; ¿quién dice a esas 50.000 personas que ejercieron su derecho al voto, que la papeleta que depositan en la urna irá directamente al contenedor de la basura? Aquí reside la gran argucia: los topes impuestos para acceder al Parlamento. Mientras éstos no se revisen a la baja, para que entren en las instituciones otros partidos que no sean los de siempre, logrando así mayor calidad democrática, veremos una vez más igual fenómeno: CC que pactó ayer con el PP, mañana lo hace con el PSC; y si en las próximas el PSC torna a ser el partido que alcanza la mayoría minoritaria, como cuando lo encabezó Juan Fernando López Aguilar, CC pacta con un PP que estará esperando, sin que se le mude la cara. CC siempre pacta con el que ha tenido menos votos de los dos, lo que le permite acaparar sine díe la presidencia. El ciudadano normal que observa este inexplicable espectáculo, y que le importa y le duele la Comunidad donde vive, puede con razón preguntase: ¿esta es la democracia que tanto costó alcanzar? Lo que ve es un partido que se eterniza en las poltronas mediante un sistema electoral hecho a la medida para que sea imposible descabalgarlo, y, por ello, imposible la sana alternancia. El reciente informe de expertos profesores universitarios, encargado por CC, ya lo corrobora: que no se atrevan a tocar la ley electoral, si acaso muy ligeramente, y menos introducir la lista regional, pues ello significaría que Coalición Canaria pierde su actual hegemonía.
Consecuencia dramática de tanto tiempo detentando el poder autonómico el mismo partido: los importantes desequilibrios que se dan en Canarias, dependiendo de la isla en que se vive. Y para saber la causa, empíricamente y sin lugar a duda ninguna, es qué nos dicen las estadísticas del paro, pues el paro es el fiel termómetro que mide la real situación económica de cada isla. Hoy no conocemos el dato, porque no se ha publicado, pero en octubre del año pasado, en las páginas de Economía de este periódico se publicaba, incluyendo gráficos de la EPA, un estudio donde aparecía que Las Palmas perdió el cuádruple de empleos que Tenerife. Que Sta. Cruz de Tenerife tenía 4.000 puestos de trabajo menos, frente a los 16.200 que perdió Las Palmas. Esa es la tendencia. A ver, amigos, si me ayudan a desentrañar el siguiente encriptado misterio: ¿han visto alguna vez que el Gobierno canario haya impuesto, a las bravas, algo que iba en contra de los intereses de la patronal tinerfeña? Más: después de la preceptiva dedicación a la Comunidad, ¿qué rayos hacen de notoriedad los políticos grancanarios por su Isla, desde el mismo instante que se abrazan a los de ATI-CC, durante los cuatro años de legislatura? Y la oposición, ¿dónde está?
