Ni una sola de las conversaciones telefónicas que ha mantenido el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, en los últimos cuatro años ha quedado sin registrar.
El 9 de marzo de 2010, la intimidad de Clavijo y de varios de los acusados quedó en segundo plano para la Justicia ante la sospecha de que se "estaría llevando una actividad manifiestamente contraria a la normativa municipal en materia de horario de cierre de los locales y establecimientos de ocio nocturno así como en la forma de ejecución de la misma".
El conocido como caso Corredor, que hace dos años motivó un registro judicial exhaustivo de algunas de las dependencias municipales por orden del juez César Romero Pamparacuatro, fue el extremo del hilo de la madeja que ahora -justo en la antesala de las próximas elecciones regionales- ha puesto a Fernando Clavijo y buena parte de su equipo en el centro de mira y en el aire sus carreras políticas.
El auto judicial que el mismo alcalde entregó ayer a los medios de comunicación durante la rfueda de prensa convocada de urgencia está salpicado de conversaciones que, supuestamente, éste mantuvo con otros de los imputados. Los nombres y datos personales del resto de acusados aparecen tachados en negro por expreso deseo del mandatario a fin de salvaguardar su intimidad.
La confusión de borrones impide seguir con minuciosidad el argumento exacto de las conversaciones telefónicas. Unas pertenecen al propio alcalde y otras hacen referencias a llamadas de los otros imputados a los supuestos beneficiarios de las subvenciones y ayudas presuntamente ilícitas que ha venido a destapar la instrcción del caso.
Una de las conversaciones más llamativas es la que, siempre según el auto judicial, mantuvieron Clavijo y el que podría ser el presidente de la comisión de seguimiento de la aluminosis, Ricardo González [una buena parte de las viviendas sociales del barrio de Las Chumberas debe ser sometido a reposición por ese defecto de construcción]. Conversan ambos sobre la reciente mudanza de González, vecino de Las Chumberas afectado por la aluminosis, a la calle Carrera. Según el juez, éste no se merecía la ayuda al alquiler que finalmente le llevo a una vivienda de la calle más céntrica del casco histórico. Todo, de nuevo según el auto, gracias al alcalde.
Dicha conversación tuvo lugar en agosto de 2010. El beneficiado charla animadamente con Clavijo sobre su nueva vivienda habitual "que al menos en parte es subvencionada con fondos públicos", recoge el texto. El alcalde, prosigue el texto judicial, le insta a que "ahora solo falta que te afilies ya". No llegaría González a afiliarse a Coalición Canaria (CC), pero lo cierto es que sí concurrió a las elecciones de 2011 en el puesto 17 de la lista que encabezaba Clajivo como representante del Centro Canario Nacionalista (CCN).
Pamparacuatro sostiene el valor de las conversaciones obtenidas con las escuchas telefónicas. De hecho, su auto las emplea para justificar que tanto Clavijo como parte de su equipo eran conscientes del delito en el que estaban incurriendo.
En las llamadas interceptadas el 20 de septiembre de 2010 entre el alcalde y otra persona que parece ser una concejal de su grupo "afloran, no solo el conocimiento de la conducta por parte de ambos interlocutores, sino incluso su carácter delictivo al reconocer dicha concejal a Fernando Clavijo que la opción articulada para conceder la subvención a la edil -presumiblemente María José Castañeda- es de carácter delictivo". Esa misma concejal manifiesta en dicha conversación que "los tres" pueden incurrir en un delito de "prevaricación".
Entre los mismos protagonistas, al alcalde y una de sus concejales, se sucede otra de las conversaciones más relevantes del auto. La pregunta retórica que hace la edil es significativa: "¿cómo se tramita una ayuda de emergencia social a una persona que cobra 3.000 euros?".
Finalmente, de las conversaciones registradas concluye Pamparacuatro que Clavijo y su concejal pactaron "crear una subvención que carezca de limitaciones de ingresos económicos" para los beneficiarios de las ayudas de realojo en Las Chumberas, Clavijo, concluye el auto, "da el visto bueno a este ardid" y sentencia "le salvamos la vida y nos salvamos el culo" a la supuesta beneficiaria, María José Castañeda.
