El accidente aéreo de Spanair el 20 de agosto del 2008 en el que murieron 154 personas será finalmente investigado en el Congreso de los Diputados. La tragedia del vuelo JK5022 con destino a Gran Canaria que se estrelló durante la operación de despegue en la pista de Madrid-Barajas será revisada en una comisión parlamentaria, que buscará despejar algunas de las dudas que se mantienen sobre las causas del siniestro y también proponer medidas para mejorar la seguridad aérea en España.
La comisión de investigación ha sido aceptada tras un cambio de criterio del PSOE, que hasta ahora se había opuesto a la iniciativa, como ocurrió en marzo de 2017 en el Senado, donde la rechazó junto al PP. Ahora, una propuesta presentada por Unidos Podemos en noviembre pasado a instancias de la Asociación de Victimas JK-5022 acaba de ser aceptada por la Junta de Portavoces aunque con la abstención de los populares y la oposición de Ciudadanos.
La propuesta deberá ser ratificada probablemente la próxima semana por el pleno de la Cámara, y tras la posterior constitución de la comisión, los grupos deberán organizar los trabajos y hacer un listado de comparecencias. El Parlamento estatal investigará así por primera vez el accidente diez años después de la tragedia, y transcurridos más de cinco del proceso judicial penal instruido por el juzgado número 11 de la Audiencia Provincial de Madrid, que archivó la causa el 19 de septiembre de 2012 absolviendo a los dos mecánicos de la compañía -ya desaparecida tras su cierre empresarial- que estaban imputados. El juez consideró que los dos técnicos, Felipe García y José Antonio Viñales, no eran responsables de las causas últimas que provocaron el accidente, atribuibles a una conducta "imprudente" por la errónea configuración por los pilotos de la nave para el despegue.
"40 agujeros negros"
La portavoz de la Asociación de Victimas JK5022, Pilar Vera, anunció ayer que la investigación parlamentaria debe tener como primer objetivo "poner al descubierto los más de 40 agujeros negros que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, que vela en todo el mundo por la seguridad aérea) detectó en 2010 en la aviación en España y que siguen sin subsanarse", así como "cambiar los procedimiento que no funcionaron en el 2008". También busca que el Congreso "se plantee que la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Ciaiac, dependiente de Fomento) no solo no cumple con su objetivo, sino que no está en el momento que vive la aviación española ni dispone de los mecanismos necesarios para investigar".
Pero además, esta asociación también persigue reabrir la investigación judicial archivada en 2012 al considerar que en la comisión, no sólo se tendrán que depurar responsabilidades políticas, sino que puede desvelar información y datos que conlleve responsabilidades penales de algunos de esos responsables de la administración aeronáutica en aquellas fechas.
Tras recordar que el artículo 52 del Congreso señala que si de una comisión de investigación se derivan responsabilidades punibles, la fiscalía puede abrir diligencias, aseguró que "nosotros vamos en esa dirección. Esta comisión tiene que llegar al fondo de la verdad y vamos a demostrar que la Ciaiac oculta la verdad", recalcó Vera.
Según Vera, en la comisión deberán comparecer los responsables políticos de Aviación Civil, a los que, asegura, "el juez no permitió imputar porque el informe oficial de la Ciaiac hizo muy bien su trabajo de ocultar sus responsabilidades y los exoneró en todo momento, y es por lo que creemos que a partir de esta comisión sí pueden derivarse actuaciones judiciales".
La asociación espera además una resolución judicial para desclasificar unos documentos de la Ciaiac a partir de los cuales, asegura Vera, "si está lo que buscamos, al día siguiente iremos al juez a pedir la reapertura de la investigación judicial".
El PSOE, por indicación de los socialistas canarios que han apoyado la iniciativa en las Islas en todas las instituciones en las que se han presentado, decidió el cambio de posición tras proponerlo así al secretario general, Pedro Sánchez, en la primera oportunidad en la que el asunto se vio en el Congreso.
Por su parte, el PP explica que dado que el accidente y la gestión del mismo tuvieron lugar durante un gobierno del PSOE, el de José Luis Rodríguez Zapatero con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento, no iba a oponerse a una investigación del mismo. Reconocen que algunas cuestiones "no quedaron suficientemente esclarecidas", pero rechazan la posibilidad de que la comisión sea creada como una "especie de tribunal final de apelación". Y en el mismo sentido, Cs considera que el caso ya fue resuelto judicialmente y no cree que haya que depurar ahora responsabilidades políticas.
