La defensa del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, pone en cuestión que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía suponga que la parte del Gobierno canarioFernando Clavijocaso Grúas que afecta al jefe del Ejecutivo tenga que volver automáticamente al Juzgado de La Laguna. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que el texto estatutario no recoge que el fin de los aforamientos tenga efectos retroactivos si hay diputados con alguna causa pendiente.
"Está claro que para hechos nuevos no hay aforamiento, pero para los que se están instruyendo no se puede alterar al tribunal que está llevando el caso", indican las fuentes conocedoras de la causa. En este sentido, la legislación actual -entre ellas las leyes de Enjuiciamiento Criminal y de Enjuciamiento Civil- prevé que, en caso de cambio de la normativa, las causas en vigor las seguirá instruyendo el mismo tribunal con el fin de simplificar la acción judicial y no vulnerar la tutela judicial efectiva que ampara al encausado. Salvo que se recoja lo contrario en una ley superior, algo que no sucede con el Estatuto.
Si bien las miras están ahora puestas sobre el informe que se ha exigido a la Fiscalía, necesario para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dilucide si el presidente del Gobierno es investigado o no, lo que parece claro es que se abre un debate que será enconado.
El Estatuto publicado ayer a las 7.00 de la mañana -deroga el anterior Estatuto de 1982 y su reforma de 1996-, pasa a la historia por ser el primer texto legal en España que elimina esa figura. Curiosamente su aplicación efectiva impacta, ya desde el primer día, en la instrucción del caso que se sigue en el TSJC para aclarar si hubo o no delito de prevaricación y malversación en la privatización del servicio municipal de recogida de vehículos en La Laguna durante la anterior etapa de Clavijo como alcalde.
La causa, pues, data de antes de la aprobación y entrada en vigor del nuevo Estatuto, de ahí que afloren dudas sobre si la eliminación de los aforamientos es retroactiva o no. Es decir, sobre si los inmersos en causas judiciales deben mantenerse bajo jurisdicción del TSJC , o de los tribunales ordinarios donde originalmente se instruyen.
La opinión generalizada de las formaciones políticas es que el desaforamiento recogido en el nuevo Estatuto es de aplicación automática. Solo CC sostiene que eso no está nada claro.
Según la visión nacionalista, la propia Constitución protege los derechos de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales y que tanto en el artículo 9.3, como el artículo 24 establecen el marco en el que deben resolverse estas dudas sobre la retroactividad de este apartado del nuevo Estatuto. En el primero de estos artículos se recoge la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
Aplicación automática
Desde la mayoría de los demás partidos políticos se considera que la entrada en vigor del Estatuto supone sin duda alguna la aplicación automática del desaforamiento sobre el conjunto de los parlamentarios autonómicos contenido en el nuevo texto y que afecta por tanto a Clavijo por el caso Grúas. Así lo aseguran en el PSOE, en Podemos, en NC y en Cs, aunque el PP es algo más tibio y señala que "la eliminación del aforamiento sí es automático, pero otra cosa es si afecta ya o no a un caso con la instrucción en marcha, eso toca decidirlo a los tribunales", según señala la diputada popular María del Carmen Hernández Bento.
En el PSOE se asegura que todas las consultas que han realizado a expertos constitucionalistas y juristas confirman que Clavijo ya no está aforado y que por tanto deberá ser juzgado por el tribunal ordinario de La Laguna que instruye la causa si finalmente la Fiscalía le mantiene la imputación. En los mismos términos se expresan en NC, Podemos y Cs.
