Los grupos en el Parlamento de Canarias dieron ayer el último paso antes de que el viernes se aprueben de forma definitiva las cuentas regionales para 2020. Los partidos que arropan al gobierno (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG) rechazaron la inmensa mayoría de las enmiendas de CC-PNC, PP y Cs y aprobaron las propias presumiendo de cuentas sociales. La oposición les acusa de aplicar el rodillo para imponer su presupuesto aunque se disimule con una pretendida apuesta por el consenso.

La primera en usar el término "rodillo" fue la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino, a quien de poco le valió que el cuatripartito le recordara que le han aceptado su enmienda para reforzar la deducción fiscal para las familias por gastos educativos. Eso sí, con una reducción de sus pretensiones, ya que Cs quería 100 euros por cada hijo y, al final, se mantendrá esa cifra por el primero y 50 por cada uno de los sucesivos por unidad familiar. Para Espino, que no se tuvieran en cuenta las correcciones de su grupo sobre presión fiscal o los servicios básicos demuestra que el Gobierno solo ha querido imponer un proyecto económico que, según dijo, elaboró Román Rodríguez "hace dos años" y que no es bueno en la actual coyuntura general.

En una línea similar, pero más crítico, se pronunció Fernando Enseñat (PP). El diputado majorero recalcó que a su grupo apenas se le han respaldado una decena de sus más de 200 enmiendas y que lo mismo ocurre con las 650 del conjunto de la oposición. Asimismo, negó la apuesta social de la que alardea el 'pacto de las flores' y recordó, por ejemplo, que el 60% de los 352 millones más para gastos sociales irán a personal para abonar las carreras profesionales y las reducciones de jornada.

Por CC, Socorro Beato censuró que, de 80 enmiendas al articulado de la ley, solo se han aceptado 5 técnicas y dos de ellas sugeridas por la mesa. A su juicio, las cuentas le dan la espalda a los empleados públicos, a los cabildos y ayuntamientos con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y a los sindicatos por no respetar los acuerdos sobre las listas de empleo. José Miguel Barragán también censuró que no se apoye el 4,65% de gasto en educación, que no estén en el proyecto presupuestario los 55 millones previsto en la ley de Derechos Sociales o que se suba el IGIC sin saber si habrá nueva financiación autonómica, posibilidad que ve muy remota por la aritmética en el Congreso de los diputados.

A la crítica por el uno del "rodillo" los grupos del Ejecutivo respondieron con una reiterada negativa y subrayando la aceptación de enmiendas a la oposición y el hecho de que algunas provengan, incluso, de Propuestas No de Ley previas, como las ayudas por estudiantes. Los socialistas insistieron en que muchas de las propuestas de CC, PP y Cs eran inviables porque planteaban dar partidas de baja de proyectos ya en marcha o simplemente estructurales. Remarcaron que ninguna vivienda se quedará sin deducción por electricidad y que se le ha aceptado a CC las relativas al fomento de la lectura, hasta elevarlas a un millón (con 300.000 euros añadidos).

Por ASG, Jesús R.Ramos negó que haya privilegios para La Gomera por el gasto en zonas comerciales o turismo, frente a las tesis del PP y Cs. Además, reiteró que se trata de las mejores cuentas posibles y que sube el gasto en todos los servicios básicos.